
Un tribunal federal estableció que la versión de la «verdad histórica» del Caso Iguala no tiene elementos que permitan asegurar que es falsa, y tampoco hay elementos para afirmar que es una maquinación de parte de la Fiscalía General de la República.
Con esta decisión, se avala la versión que el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer sobre los miembros de la normal de Ayotzinapa, quienes habrían sido interceptados por miembros de Guerreros Unidos al estar infiltrados por el cártel «Los Rojos», y por ello el virulento ataque que acabó con la vida de 43 miembros de la escuela, a quienes redujeron a cenizas y los habrían arrojado al río San Juan de Cocula, Guerrero.
La decisión se dio al resolver un amparo de Blanca Alicia Bernal Castilla, es Fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR en contra del proceso, y fue el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México el que concluyó que no está acreditada ninguna otra versión.
Durante la campaña presidencial, AMLO explotó el Caso Iguala prometiendo que él sí encontraría a los normalistas y que resolvería el caso, negando que la versión de Murillo Karam fuera fiel a lo sucedido. Por más que intentaron cambiarla, las supuestas investigaciones del gobierno de AMLO no pudo llegar a ninguna conclusión diferente a la que se tenía desde el sexenio de Peña Nieto.
Por las mentiras, tardanzas y contradicciones, los padres de familia de los desaparecidos terminaron distanciados y enfrentados con AMLO.
La versión de la verdad histórica fue dada a conocer por Jesús Murillo Karam el 27 de enero de 2015, y en pocas palabras concluyó que los normalistas fueron secuestrados por Guerreros Unidos, quienes los asesinaron después, los incineraron hasta reducirlos a cenizas en el basurero de Cocula, cenizas que tiraron al cauce del Río San Juan, de esa misma población.
El tribunal estableció que algunos testimonios podrían ser falsos o inválidos porque los testigos habrían mentido o fueron torturados para obtener sus declaraciones.