Yurisha Andrade Morales*
Hace treinta y cinco años México optó por transformar el régimen de partido hegemónico por un sistema democrático que permitiera la pluralidad materializada en diversas opciones partidarias y el ejercicio pleno de los derechos político- electorales de todas las personas sin distinción de ninguna especie. Esa apuesta implicó la transformación de las reglas del juego político y la creación de las instituciones responsables de organizar y arbitrar las elecciones.
En este lapso, la transición política hacia un régimen democrático se dio por la vía de seis reformas electorales sucesivas que construyeron las instituciones que hoy conocemos, federales y locales, separando con claridad a las que organizan los comicios de las que califican su apego a la Constitución y a las leyes. Así fue como surgieron y se fortalecieron los institutos y los tribunales electorales, cuya actuación está regida por principios previstos en nuestra Carta Magna; además de que la conducta de las consejerías y magistraturas debe guiarse por valores éticos que garanticen que la logística electoral y la impartición de justicia sea imparcial, objetiva y transparente.
Todo comportamiento, decisión, resolución o sentencia de los funcionarios electorales es auscultado con severidad por una sociedad vigilante y exigente, así como por medios de comunicación y actores políticos que aspiran a que las controversias que plantean, sobre todo las de carácter judicial, sean resueltas por las autoridades conforme con sus intereses, aunque ello pudiera entrañar violaciones al marco normativo y cuando las sentencias no les benefician o simplemente no les gustan, en juicio sumario crucifican a las o a la magistratura que “votó en contra” y hacen señalamientos y acusaciones carentes de sustento.
Es claro que los actores políticos, al interponer los medios de impugnación para la defensa de sus intereses o al comparecer como terceros interesados por las demandas que se presentan en su contra, están obligados a mostrar ante los tribunales las pruebas que demuestren sus pretensiones, las cuales deben valorarse y analizarse a la luz de normas y precedentes en casos similares, pero al final no es una magistratura la que unilateralmente decide, aún y cuando presente un proyecto, es el pleno, el conjunto de las magistraturas en funciones las que suman a favor o deciden votar en contra. Al final es la mayoría la que decide aprobar, modificar o rechazar ese proyecto original y no es la voluntad, el criterio o la decisión unilateral de una sola persona la que prevalece.
Ante los medios de comunicación los actores políticos no están obligados a demostrar sus afirmaciones y, por ello, frecuentemente abundan en el uso de los adjetivos calificativos, insultan y acusan de corrupción y de otros pecados capitales a los funcionarios electorales que no les conceden la razón y piden crucificarlos en las plazas públicas, generan presión social sin demostrar nada, confunden a la opinión pública, litigan sus asuntos fuera del diálogo judicial y buscan beneficiarse de argumentos mediáticos que enturbian el ambiente.
Sería benéfico para la democracia mexicana que, en la deliberación pública, ante los medios de comunicación y de cara a la ciudadanía, los partidos políticos y sus candidaturas reconocieran los errores que cometen, actuaran con apego a los mismos principios éticos y de derecho que exigen observar a las autoridades electorales; sobre todo, es necesario evitar los insultos públicos, cuando en audiencias institucionales el comportamiento y el tono es otro. Un poco de respeto y de educación a nadie le hace daño.
Los michoacanos deben saber que existen procedimientos legales que no pueden modificarse por el libre albedrío de los funcionarios electorales y que las decisiones del TEEM no son de una sola persona sino del pleno, de la totalidad de quienes votan y que, una vez que las sentencias se aprueban, son del Tribunal, de la institución, así se vote a favor o en contra. Además de que, en la cadena impugnativa, nuestras decisiones son revisadas por otras instancias que simplemente pueden tener enfoques e interpretaciones distintas, pero al final, es un hecho demostrable que nuestro modelo de justicia electoral busca privilegiar la defensa de la voluntad popular y determinar quién gana por el voto de la mayoría.
Estoy convencida de que las autoridades electorales, incluso cuando existen errores debemos actuar con autocrítica y reconocer las problemáticas de la logística electoral: a manera de ejemplo, por qué no se instalan todas o por qué alguna casilla se integró indebidamente; o por qué una sentencia se retrasó o no se valoró suficientemente una prueba, pero todo de frente a la sociedad, con apego a los principios constitucionales y éticos que guían nuestra actuación, sin gestiones en lo oscurito ni estridencias en la arena pública.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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