Este lunes 13 de abril de 2026, más de un millón doscientos mil estudiantes michoacanos cruzan de nuevo los umbrales de sus planteles escolares. Regresan después de la pausa de Semana Santa para afrontar la recta final del ciclo escolar 2025–2026, cuyo cierre está previsto para el 15 de julio.
Podría parecer un hecho rutinario, casi ceremonioso: la campana suena, los pupitres se llenan y la vida escolar retoma su cadencia. Pero quienes trabajamos cotidianamente en la defensa del derecho a aprender sabemos que bajo esa aparente normalidad persiste una emergencia estructural que ninguna pausa vacacional ha resuelto ni que la simple reapertura de puertas puede disimular.
Arranca la recta final de un ciclo escolar complejo, mutilado y con heridas abiertas, en un sistema educativo roto, enlutado y con retos sin resolver, porque aprender importa, pero hay muchos retos que interpelan la efectividad y sostenibilidad del sistema educativo estatal.
Regresar a clases en Michoacán hoy significa regresar a escuelas donde dos de cada tres planteles carecen de servicios básicos completos, donde hay plazas docentes congeladas mientras faltan maestros en las aulas que más los necesitan, donde la violencia del crimen organizado convierte el trayecto al aula en el mayor acto de valentía que hay que hacer en el día y, donde el Estado ha desmantelado los instrumentos que permitían medir con rigor si los niños efectivamente aprenden. Regresar a clases significa también acercarse al último tramo de un ciclo escolar atravesado por paros magisteriales ya calendarizados, rezago acumulado, brecha digital insalvable y un presupuesto que, aunque incrementado en cifras nominales, sigue priorizando el asistencialismo sobre la asistencia y soslaya al aprendizaje.
El ciclo escolar 2025–2026 comenzó con una expectativa renovada, pero, habiendo transcurrido tres cuartas partes de este periodo, persisten grandes retos, a saber:
Primer reto: la violencia como amenaza frontal al derecho a aprender. Al menos 120 menores asesinados durante el ciclo escolar 2024–2025 convierten a Michoacán en uno de los territorios más peligrosos para crecer y estudiar en México. Maestros extorsionados, directivos amenazados, escuelas cerradas por grupos del crimen organizado en municipios de la Tierra Caliente, la Sierra-Costa y el corredor aguacatero: la escuela ha dejado de ser un recinto inviolable de formación para convertirse, en demasiadas comunidades, en blanco de la violencia o en territorio vedado. El Estado no ha respondido con la creación de un Observatorio Estatal de Seguridad Escolar ni con protocolos interinstitucionales de alerta temprana que protejan a las comunidades educativas. Los sucesos de Uruapan, Contepec y Lázaro Cárdenas impelen al gobierno a tomar medidas que garanticen la seguridad escolar y que brinden atención socioemocional a estudiantes, maestros y sus familias.
Segundo reto: el déficit docente estructural. En 2025, la autoridad educativa estatal recibió mil setecientas solicitudes de jubilación, cifra que supera el total de egresados normalistas en un ciclo escolar. Paradójicamente, muchas plazas se cancelan o congelan. La promesa de federalización de la nómina fue descartada por el Secretario Mario Delgado en su visita a la entidad, cerrando una salida que habría permitido resolver esta contradicción estructural. La autoridad estatal, en lugar de intensificar el cabildeo ante la Federación, simplemente se limitó a secundar las palabras del titular de la SEP, dejando a la tercera parte del magisterio michoacano y sus familias en vilo, respecto a la estabilidad del cobro de sus salarios.
Tercer reto: infraestructura escolar en estado de emergencia. Dos de cada tres escuelas michoacanas carecen de servicios básicos completos: luz, agua potable, sanitarios funcionales, Internet y lavamanos. Miles de planteles operan con techos que gotean, aulas sin ventilación, bancas descompuestas y ausencia total de materiales didácticos. La brecha entre la retórica de la dignidad educativa y las condiciones reales de los espacios de aprendizaje resulta humillante para los estudiantes que los habitan y para los docentes que los sostienen.
Cuarto reto: paros magisteriales como síntoma de un sistema sin gobernabilidad pedagógica. Las movilizaciones de la CNTE han marcado el ritmo del año escolar michoacano con una regularidad que ya no puede considerarse excepcional. La fragmentación interna del magisterio, con facciones que compiten por representatividad y por puestos administrativos, produce un escenario donde las disputas internas se resuelven al costo del derecho a aprender de los estudiantes. La estrategia de gobernabilidad mediante la repartición de cargos públicos y posiciones legislativas ha demostrado ser insuficiente para garantizar la continuidad académica.
Quinto reto: rezago educativo acumulado y aprendizajes en déficit. Los indicadores de Michoacán se ubican sistemáticamente por debajo de la media nacional. El 6.1 por ciento de la población mayor de quince años es analfabeta, frente al 4.7 por ciento nacional. La escolaridad promedio alcanza los nueve años, pero ese promedio encubre profundas desigualdades entre las zonas urbanas y las comunidades rurales e indígenas. La pandemia de Covid–19 dejó entre año y medio y dos años de aprendizaje perdido para los cuales el sistema estatal jamás diseñó una estrategia integral de recuperación.
Sexto reto: ausencia de evaluación educativa y opacidad del aprendizaje. La extinción de Mejoredu y de los órganos constitucionales autónomos representó la pérdida de más de dos décadas de información acumulada sobre evaluación educativa. Durante el ciclo 2024–2025 no se aplicó ninguna de las tres evaluaciones diagnósticas que esta institución promovía. La Secretaría de Educación del Estado no ha garantizado el acceso público a los archivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ni de Mejoredu. Sin diagnóstico, el sistema educativo michoacano vuela a ciegas, distribuyendo recursos sin saber qué funciona y sin poder rendir cuentas de los aprendizajes reales.
Séptimo reto: la brecha digital que condena a la exclusión tecnológica. De los más de 12 mil planteles escolares en Michoacán, aproximadamente 3 mil 893 cuentan con internet gratuito, según datos del gobierno estatal. Eso significa que más de ocho mil escuelas permanecen desconectadas de la economía del conocimiento del siglo veintiuno. La distribución de 6 mil computadoras Chromebook para 150 planteles, aun valorada como un gesto positivo, resulta absolutamente desigual e insuficiente para más de un millón doscientos mil estudiantes. El programa D4TA, que distribuyó chips de datos móviles a estudiantes, ha sido señalado por esta organización como una solución costosa, fragmentada e incontrolable que prefiere el acceso individual por dispositivo sobre la infraestructura colectiva de conectividad institucional, con riesgos documentados para la seguridad de los menores.
Octavo reto: formación docente subfinanciada hasta el ridículo. El presupuesto federal para 2026 destina apenas 105 pesos anuales por docente para formación continua, cifra que no cubre siquiera el costo del transporte de un maestro rural de municipios como Tancítaro o Tingambato a Morelia para acceder a programas de actualización. En un sistema que convoca a sus maestros a implementar la Nueva Escuela Mexicana, a integrar tecnologías educativas, a atender la diversidad del aula y a promover el pensamiento crítico, esta asignación presupuestal constituye una contradicción insostenible. Los docentes michoacanos se enfrentan sólo a demandas crecientes sin el andamiaje profesional para satisfacerlas.
Noveno reto: abandono escolar y cobertura insuficiente en educación media superior. En educación media superior, apenas uno de cada dos jóvenes en edad de cursar ese nivel educativo en Michoacán está efectivamente escolarizado, con una tasa de cobertura del 51.6 por ciento. Para alcanzar la universalización de ese nivel, el sistema requeriría prácticamente duplicar su oferta actual de planteles y docentes. La pobreza, que afecta al 43.7 por ciento de la población michoacana según CONEVAL, actúa como factor estructural de expulsión escolar que las transferencias monetarias -mal llamadas becas- mitigan, pero que de ningún modo resuelven.
Décimo reto: acoso escolar y emergencia socioemocional. México se ha posicionado en 2026 como el país con mayor incidencia de acoso escolar a nivel mundial, con ocho de cada diez estudiantes de educación básica afectados según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales. Michoacán, con su contexto de violencia estructural, desplazamiento forzado, migración y exposición al crimen organizado, amplifica este fenómeno con dimensiones que exceden la capacidad de respuesta del sistema educativo actual. La salud socioemocional de estudiantes y docentes permanece como una asignatura pendiente sin presupuesto, sin protocolos institucionales y sin personal especializado en la mayoría de los planteles.
Por lo anterior, es tiempo de hacer llamados a la acción; algunos, incluso, con varios meses de antelación:
A la Secretaría de Educación del Estado: la recta final del ciclo escolar 2025–2026 exige resultados concretos, verificables y transparentes. No los hay. Pero, pueden rectificar, por lo que, el inicio del próximo exige un Plan de Mejora Educativa con metas medibles, cronograma público y apertura real a la auditoría ciudadana. El discurso debe traducirse en derechos humanos garantizados, en datos abiertos sobre aprendizajes, en escuelas con maestros, en planteles dignos y en protocolos funcionales de seguridad escolar.
A los legisladores michoacanos, tanto federales como estatales: el presupuesto educativo 2027 es una decisión que se toma ahora. Cada peso que se asigne a nómina sin correspondiente inversión en aprendizajes, formación docente, infraestructura digna y evaluación educativa es una elección de política pública con consecuencias reales para la infancia michoacana. La función legislativa exige escrutar, exigir y reasignar.
A las familias michoacanas: el regreso a clases de este lunes es un ejercicio de derecho humano que merecen sus hijos e hijas. Ese derecho incluye escuelas con maestros completos, con servicios básicos, con ambientes seguros y con aprendizajes verificados. La exigencia informada y organizada de las comunidades escolares es la fuerza más poderosa de transformación educativa que existe.
A los docentes de Michoacán: su labor cotidiana en condiciones adversas es el sostén real del sistema educativo de esta entidad. Estamos por una verdadera transformación educativa que mejore realmente sus condiciones laborales, su formación profesional y su dignidad como artífices del desarrollo humano de Michoacán.
A la sociedad michoacana en su conjunto: el futuro de más de un millón doscientos mil estudiantes se decide en las decisiones que tomamos y en las omisiones que toleramos hoy. Aprender importa. Y para que el aprendizaje sea posible en Michoacán, la sociedad civil, el Estado, el magisterio y las familias tenemos que dejar de aceptar la crisis como condición normal y empezar a exigir la transformación como derecho impostergable.
La infancia michoacana no puede esperar otro ciclo escolar para que el Estado cumpla su promesa constitucional. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
