Ayer lunes, conocimos del resultado de una encuesta que mide periódicamente la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus autoridades.
Uno de los resultados dice que la presidenta de México tiene una aprobación del 70 % de la población (dos puntos menos que en la encuesta anterior); sin embargo, en la misma encuesta, el 79 % de los pobladores, percibe la inseguridad como un problema serio en nuestro país- más alta esa percepción que en encuestas anteriores.
Aceptan a la presidenta, pero a 8 de cada 10 ciudadanos les preocupa la inseguridad, que es responsabilidad de la presidenta.
¿Qué es entonces lo que aprueban de ella? ¿su sonrisa? ¿su frialdad? ¿Será el dinero que cada dos meses reciben millones de mexicanos? Como que está desarticulada la idea de la problemática desde los ciudadanos con quien debe responder por ella.
¿Pensarán que con ese dinero enfrentarán solos el problema de la inseguridad de manera individual?
Es que es una violencia que duele cada día más y que cada día es más cercana a nosotros y más general.
-Tan grave es que la ONU, en el seno de la comisión de personas desaparecidas, ha decidido llevar el problema ante su asamblea. Esta agencia internacional señala algunos datos delicados: Más de 132 000 desaparecidos y hallazgo continuos de fosas clandestinas y esto no parece disminuir. La impunidad sobre estos delitos sigue siendo de casi 100 % y lo más delicado: la comisión considera que éste es un problema sistémico, esto es, que está en la propia forma del estado mexicano.
Para hacer tales afirmaciones, la comisión de la ONU confirma la existencia de patrones repetidos en las desapariciones, muchas veces con la participación o conocimiento de funcionarios públicos.
La respuesta del gobierno mexicano rechaza tal informe de la ONU. Dice que es tendencioso y que no reconoce avances ni colaboración de su gobierno con las madres buscadoras.
¿A quién le creeremos? A ella que siempre rechaza señalamientos, o a las madres buscadoras, o a la ONU, cuyas conclusiones se fundan en elementos objetivos.
-Ayer también, los transportistas del país, hartos de ser asaltados sin defensa de las fuerzas de seguridad, tomaron algunas carreteras, las principales de la república, como protesta por el abandono en el que la presidenta, o el gobierno, los ha dejado: entre 30 y 40 asaltos diarios a sus transportes, el 80 % de ellos con violencia, con desaparecidos, con asesinados. Es una gran lista.
Los traileros transportan toneladas de bienes que comercializan y que, por los asaltos, además de que se los roban, han debido tomar medidas para evitarlos, lo que hace más caro el transporte y se encarecen los bienes para nosotros mismos. Desde animales vivos hasta ropa, y maquinaria. Es que la delincuencia organizada toma todos esos productos y los lleva después a vender en un mercado negro. Competir con lo robado no resulta.
La presidenta rechazó la toma de carreteras porque, expresó: los transportistas NO tienen justificación o razón para protestar. Que están dialogando con ellos hace varios días
Los transportistas dicen que esas mesas de diálogo no pasan de ir a tomar agua o galletitas, que los muertos los siguen poniendo ellos, las pérdidas, ellos, los huérfanos también ellos.
Son realidades graves que lastiman y dañan a mexicanos por montones, sin embargo, rechazar esas realidades de inseguridad parece ser la línea política de la presidenta.
Y, tal vez lo hará pensando en esa inconsistencia de los votantes: la reconocen a ella, pero la desligan de la inseguridad de la que es responsable.
Al final de la jornada, es lo que le interesa: que la quieran, aunque no los cuide de la inseguridad. Que los miles y miles que cada día engruesan las filas de víctimas de desaparición o de violencia no la descalifiquen y que busquen culpables en otro lado.
Negar la realidad no borra la violencia, al contrario, la contagia y la valida.
Así ayer en Morelia, con motivo de conmemorar nueve años de que el gobierno los atacó, donde murieron varios habitantes y un policía, y no se ha resuelto en justicia, comuneros de Arantepacua violentaron, a sus anchas, hasta a un grupo de policías que iban en una patrulla, los bajaron y tomaron la patrulla para moverse. Quemaron camiones – que no son suyos, delinquiendo ante la mirada pública. A una joven reportera la intimidaron y le prohibieron publicar ciertos testimoniois, a ella y al grupo de reporteros ahí presentes. Los comuneros cometieron delitos frente a todo el mundo. Pero ¿quién los detiene? ¿cómo los acusas de violencia? Si para la presidenta no existen esos problemas.
Cocoa
