El pasado 21 de octubre, el secretario de gobernación en visita al Congreso del Estado de Hidalgo, declaró que los militares tienen derechos políticos como todos los ciudadanos mexicanos y que, incluso, alguno de ellos podría ser presidente de la república, para lo cual tendría que participar en los procesos electorales y someterse a las urnas, aspecto que generó una enorme polémica en el país, más aún, si consideramos los recientes cambios legales que trasladan la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional y amplían el periodo de los militares en apoyo a las tareas de seguridad pública.
Lo primero es revisar lo que expresamente establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 82, fracción V, dispone que para ser presidente se requiere: “No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección”. Esto significa, que la ley suprema de nuestro país permite que una persona con formación militar, con independencia de su jerarquía dentro de las fuerzas armadas, pueda ocupar el cargo de presidente, pero para ello deberá separarse del ejercicio activo en la milicia, al menos con seis meses de anticipación al día de la jornada electoral.
Esta norma proviene de una reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1943 y se incorporó en el artículo 82 que prevé los requisitos que una persona debe cumplir para ser presidente de México y se dio en un entorno de diversos cuestionamientos sociales a la presidencia del General Manuel Ávila Camacho quien fue, hasta el momento, el último presidente que tuvimos de extracción militar y que además se encontraba en ejercicio de la milicia en el momento de las elecciones.
Conforme a distintas fuentes, la historia del México independiente registra sesenta y siete presidentes distintos desde el General Guadalupe Victoria en 1824 hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos de ellos tienen formación militar habida cuenta de los diversos sucesos que se han vivido para consolidar a nuestra nación y al Estado. No es nuevo para nuestro país que un militar ocupe cargos de elección popular, pero es un hecho que son momentos distintos de nuestro devenir.
Las declaraciones del secretario de gobernación llevaron a múltiples actores políticos, académicos, ciudadanas y ciudadanos a externar opiniones sobre esta posibilidad. El propio presidente, en la mañanera del 5 de octubre, ya había referido que Don Benito Juárez pugnó por la separación del poder militar del poder civil y que él no considera viable un gobierno militar.
El hecho es que en la actualidad las fuerzas armadas cumplen un papel fundamental en apoyo a la administración federal actual. Recordemos que en lo que va del sexenio se han hecho cargo, más de 200 obras públicas que en administraciones anteriores hubieran sido realizadas por empresas civiles, como es el caso del AIFA, la construcción de más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, los tramos 1, 6 y 7 del tren maya, el aeropuerto de Tulum, la remodelación de hospitales, apoyos para la atención de la pandemia del COVID-19 con el traslado de vacunas, entre muchas otras.
En mi opinión, es clara la redacción de nuestra carta magna en relación con que un militar pueda ocupar la presidencia de la república, pero es pertinente analizar los efectos a la luz de nuestra historia, las características actuales del entorno y el proceso de militarización que se sigue a nivel nacional. De cualquier manera, para ocupar un cargo de elección popular es necesario que, quien aspire a ello, se someta a las reglas y requisitos establecidos en la ley, que participe en un proceso electoral y que se ajuste al veredicto de las urnas. Son las y los ciudadanos quienes, con su voto, determinan quién asume una responsabilidad pública de esa relevancia.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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