Trump, acusado de interferir en las elecciones por gran jurado de Georgia

El expresidente Donald Trump y 18 de sus aliados fueron imputados la noche del lunes en una investigación por asociación delictiva en un esfuerzo de varios frentes para revertir su ajustada derrota electoral en Georgia en 2020.

Para Trump, que ahora enfrenta cuatro casos penales distintos, la imputación significa el conjunto más amplio de acusaciones contra un expresidente: 13 delitos, entre ellos asociación delictuosa, brindar acusaciones falsas y presionar a funcionarios públicos para que violen su juramento al cargo.

La imputación, con 41 delitos, es la culminación de una investigación en el condado de Fulton, Georgia, que duró dos años y medio. Entre los imputados se encuentran Mark Meadows, el exjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca y varios abogados, entre ellos Rudolph Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Sidney Powell.

“Es ahora el deber de mi despacho probar estos cargos en la imputación más allá de una duda razonable en el juicio”, comentó la fiscala Fani Willis, quien supervisó la investigación, en una conferencia de prensa luego de que se dio a conocer la acusación formal. Dijo que los acusados, entre ellos Trump, tendrán hasta el mediodía del 25 de agosto para ir a Atlanta para entregarse voluntariamente para ser fichados y para la lectura de cargos.

Son cuatro los casos que Trump enfrenta —de por sí ya una carga legal abrumadora para un político que busca reelegirse— y este es el segundo que está centrado en sus esfuerzos para revertir las elecciones de 2020. Y aun así, el expresidente está muy por delante de sus competidores en la carrera por la nominación republicana de 2024 y, según una encuesta New York Times/Siena College realizada a finales de julio, va a la par del presidente Joe Biden en las preferencias ante una posible revancha.

Esto es lo que sabemos de la investigación en el condado de Fulton, que abarca la mayor parte del estado de Atlanta.

Willis, fiscala de distrito del condado de Fulton, empezó a investigar si es que Trump y sus asociados habían violado la ley de Georgia poco después de que se difundió una grabación. En ella se escuchaba a Trump hablar por teléfono con Brad Raffensperger, el secretario del estado de Georgia, el día 2 de enero de 2021. En la llamada telefónica, Trump insistía que había ganado en Georgia y hacía acusaciones de fraude sin fundamento, incluso a pesar de que varios conteos confirmaron que había perdido.

Trump le decía a Raffensperger que quería “encontrar” 11.780 votos en el estado, uno más de los que necesitaba para ganar Georgia y sus votos del Colegio Electoral.

¿Qué leyes se pudieron haber transgredido?

La acusación presenta una multitud de cargos, entre ellos pedir que un funcionario público viole su juramentación al cargo, testimonios y escritos falsos, hacerse pasar por un funcionario público, falsificación y conspiración para cometer robo de computadora.

Las 19 personas imputadas enfrentan cargos bajo la ley de asociación delictiva de Georgia, que a menudo se usa en contra de integrantes de una “empresa” que ha incurrido en un patrón de actividad criminal.

La ley federal de asociación delictiva es más conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia. Pero las leyes federales y estatales de asociación delictiva se han empleado en una gran variedad de casos. Los fiscales suelen valerse de estas leyes para asegurarse de que los líderes de una empresa criminal, y no solo los peones, rindan cuentas.

La investigación de Georgia parece ser la respuesta legal más extensa hasta el momento frente a los intentos que emprendieron Trump, sus asesores y otros aliados para mantenerlo en el poder luego de que perdió las elecciones de 2020.

Giuliani, el exalcalde de Nueva York, en tanto abogado de Trump, realizó numerosas afirmaciones falsas de fraude electoral en las audiencias legislativas de Georgia.

También fue imputado David Shafer, el expresidente del Partido Republicano en el estado. Shafer supervisaba la reunión de los falsos electores en diciembre de 2020. Más de la mitad de estos electores han estado cooperando con la oficina de Wills, la fiscala.

Los abogados que trabajaron para que Trump se quedara en el poder —entre ellos Eastman, Powell, Ellis y Chesebro— fueron imputados de asociación delictiva y otros delitos. A Meadows, quien fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, se le ordenó que testificara el año pasado ante un gran jurado que ayudó a la indagatoria, y también fue acusado de asociación delictiva y otros delitos.

El Departamento de Justicia bloqueó un intento de conseguir la declaración de Jeffrey Clark, un abogado de alto rango en el departamento y que intentó intervenir en Georgia en nombre de Trump luego de las elecciones de 2020. También está entre los imputados.

Varias personas cuyos nombres se han mencionado en conexión con la investigación, entre ellas Trump, han dicho que no hicieron nada ilegal. Trump ha dicho que su llamada a Raffensperger fue “completamente perfecta”.

Wills dijo que no ha coordinado con Jack Smith, el fiscal especial en dos de las investigaciones a Trump que han resultado en acusaciones formales. Pero el equipo de Wills recurrió a la gran cantidad de documentos y declaraciones sobre los intentos de interferir en las elecciones que produjo el Comité del 6 de enero del Congreso.

Uno de los casos federales está relacionado con el manejo de documentos clasificados por parte del presidente y el otro es sobre sus intentos por revertir su derrota electoral en 2020. Otra acusación formal, en el estado de Nueva York, versa sobre lo que los fiscales describieron como un esquema de coima para encubrir un posible escándalo sexual y allanar su camino a la presidencia en 2016. Trump se ha declarado no culpable en los tres casos.

Ahora que se conoce la imputación de Georgia, los acusados tendrán que trasladarse a Atlanta para que los fichen y les lean los cargos. La fecha límite de Wills indica que tendrán hasta el mediodía del 25 de agosto para acudir de manera voluntaria.

Las posibles sentencias serían elevadas: el solo hecho de transgredir la ley de asociación delictiva podría resultar en una sentencia de cinco a 20 años.

También está la cuestión de la fecha de juicio, dado que Trump tiene dificultades legales en otros lugares. Y dada la cantidad de acusados, es posible que los procedimientos previos al juicio, como la selección del jurado, demoren meses.

El lunes, Willis dijo que su intención era enjuiciar juntos a los 19 acusados y que en los próximos seis meses solicitaría fecha de juicio.

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