El gobierno del presidente Donald Trump defendió este martes su polémico decreto migratorio en una corte de apelaciones, luego que el mandatario acusara a los medios y la justicia de subestimar una amenaza terrorista.
Tres escépticos jueces federales del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco escucharon los argumentos del gobierno y del estado de Washington, donde una corte bloqueó la prohibición de entrada a refugiados y migrantes de siete países de mayoría musulmana.
“El presidente determinó que hay un riesgo real”, señaló el representante del Departamento de Justicia, August Flentje, asegurando que el decreto estaba dentro de sus atribuciones.
“Este es un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente”, añadió en su argumentación de unos 30 minutos.
Los jueces, que no abordaron la constitucionalidad del decreto como tal, pidieron evidencias para justificar la lista de los siete países prohibidos: Irak, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
“En 2015 y 2016, antes que Trump asumirá el poder, tanto el Congreso como el Ejecutivo determinaron que estos siete países representaron los más grandes riesgos de terrorismo”, indicó Flentje.
El juez Richard Clifton consideró el argumento del gobierno “bastante abstracto”.
El abogado que representa a los estados de Washington y Minnesota pidió que el caso continuara su curso.
“Siempre ha sido papel del poder judicial decir lo que es legal y supervisar abusos del Ejecutivo”, indicó Noah Purcell, a quien los jueces cuestionaron que el decreto discrimine por religión, basado en que la población musulmana de los siete países representa un pequeño porcentaje de la mundial.
“No necesitamos probar que esta orden afecte únicamente a musulmanes o que afecta a cada musulmán, sólo necesitamos probar que fue motivada en parte para dañar musulmanes”, respondió el abogado.
Si la corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de cinco contra tres para rechazar el fallo del tribunal de apelaciones.
Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.
