Yurisha Andrade Morales*
Los procesos políticos organizados por las alianzas partidarias avanzan conforme con sus calendarios, al amparo de las reglas y criterios establecidos por las autoridades electorales y con una atención mediática permanente. Ambos ejercicios están llegando a su fase conclusiva, por lo cual en unos días conoceremos a las o los responsables de coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Construcción del Frente Amplio por México.
En el caso del Frente, sus organizadores señalaron que el próximo 3 de septiembre darán a conocer el resultado final, mientras que en el caso de la alianza gobernante se indicó que será hasta el 6 de septiembre cuando se sabrá quién resulta seleccionado. El INE, por su parte, anunció, que el Proceso Electoral Federal 2023-2024 dará inició el día 7 del mismo mes, apenas unas horas después de que los procesos políticos partidarios concluyan.
Vistos en perspectiva, ambos mecanismos se están desarrollando fuera de las normas que rigen la celebración de los procesos electorales, pero en un marco de reglas y criterios establecidos por el INE y por el tribunal que los normalizaron y diferenciaron para no suspenderlos y para no asimilarlos a precampañas adelantadas. Es claro que los dos procesos políticos dejarán lecciones importantes sobre la ruta, que en estos temas debe seguir la futura reforma electoral.
Por su naturaleza y por las implicaciones que tienen para el futuro inmediato de nuestro país, dichos procesos han generado diversas tensiones políticas con impactos diferenciados sobre su legalidad y legitimidad. Por lo que hace al ejercicio del FAM dichas tensiones se han manifestado en las problemáticas técnicas sufridas por la plataforma en la que se registraron las firmas de apoyo de las personas que respaldaron las aspiraciones de las y los participantes. Recordemos que el FAM determinó que se debían recabar 150 mil firmas validadas, con una distribución territorial de mil y máximo 20 mil, por lo menos en 17 entidades federativas.
De acuerdo con la información difundida por el FAM, los criterios de validación consistieron en verificar la inscripción de las personas al padrón electoral, que no pertenecieran a padrones de militantes de los partidos que no forman parte del Frente y que se proporcionaran dos fotografías para constatar el otorgamiento del apoyo. Al final, en lo referente a las personas que participaron solo cuatro pudieron cumplir esta exigencia y dos más, vinculadas al Partido de la Revolución Democrática, impugnaron la determinación del Comité Organizador que estableció que no lograron la meta, lo cual generó tensiones ventiladas públicamente sin llegar al extremo de que el PRD se separara del Frente.
Por su parte, la alianza gobernante vivió un episodio turbulento cuando el ex canciller, Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa del miércoles pasado, denunció condiciones de inequidad en la contienda interna de Morena e hizo señalamientos con respecto a que diversas estructuras burocráticas apoyan las actividades de la ex Jefa de Gobierno de la CDMX; exhortó, también, a la dirigencia de su partido a que transparente la realización de las encuestas, dé certeza y garantías de imparcialidad y suspendan, lo que él refirió, como una intensa movilización y un amplio despliegue publicitario que desbalancea y genera condiciones de inequidad.
Se trata de las tensiones normales que genera cualquier proceso político, sobre todo por lo que implícitamente está en juego para el futuro inmediato del país. En medio de dichas tensiones están las autoridades electorales que tendrán que fiscalizar ambos ejercicios y determinar si se apegaron o no a las reglas que ellas mismas establecieron. Más adelante veremos qué decisiones toman y los alcances que tendrán.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
Ver más opiniones de nuestros columnistas
Síguenos en:
Facebook/NoticiasEnSintesis
Twitter@NsintesisMich
