Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de julio de 2016 (Noticias México).- El diputado Rafael Hernández Soriano demandó al gobierno mexicano acatar la Constitución, las leyes, jurisprudencias, convenios y recomendaciones nacionales e internacionales respecto a elevar el salario mínimo para garantizar un mínimo de bienestar a los millones de mexicanos que hoy viven en la indignidad.
Responsabilizó al gobierno de violar desde hace casi cuatro décadas el derecho humano a un salario digno en agravio de millones de trabajadores mexicanos y sus familias, quienes han visto perder a lo largo de ese tiempo más del 70 por ciento de su poder de compra, con lo cual han sido condenados a la miseria.
De acuerdo con datos oficiales –dijo- a marzo pasado una sola persona requería dos mil 714 pesos mensuales para acceder a una canasta básica alimentaria, es decir, a comida suficiente en cantidad y calidad nutricional.
En el supuesto de que cada uno de los tres millones 875 mil 98 trabajadores que en ese mes percibían un salario mínimo o menos lo hubiesen ganado durante 31 días, apenas habrían ingresado dos mil 173 pesos, por lo que en el mejor de lo casos habrían tenido un déficit de 20 por ciento para acceder a dicha canasta y, en el peor, a más de ese 20 por ciento.
Si a sus requerimientos alimentarios se suman los de salud, vestido, calzado, educación y otros servicios para sí y su familia, es evidente –dijo- que el gobierno mexicano condena a millones de familias a vivir en desnutrición, analfabetismo, sin salud, miseria, y, en general, a una baja calidad de vida, mientras por otra parte la riqueza generada por esos trabajadores los concentran unos cuantos individuos.
Refirió que cuando se instituyó el salario mínimo en 1962, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, se estableció en la Constitución que debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Hasta principios de los 80 del siglo pasado, los aumentos salariales se encaminaban a ese objetivo, pero desde el gobierno de Miguel de la Madrid y hasta la fecha el retroceso ha sido constante y ni la reforma laboral de 2012 lo revirtió, sino incluso lo aceleró porque los trabajadores quedaron a merced de contrataciones “outsourcing” y de la informalidad.
Hernández Soriano puntualizó que esta depredación salarial no ha pasado desapercibida para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, los Poderes Legislativo y Judicial, y otros órganos nacionales e internacionales.
Por ejemplo, CNDH ya allegó algunos elementos y recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendientes a la redefinición de políticas y acciones concretas para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos.
A su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya instó al Estado Mexicano a ajustar el salario mínimo para que en particular las mujeres y sus hijos –contra quienes se ejerce la mayor injusticia salarial- puedan acceder a la canasta básica.
A su vez, el Relator Especial Sobre el Derecho a la Alimentación del mismo organismo lamentó desde 2011 el incumplimiento del mandato constitucional y exhortó a establecer un salario mínimo que garantice la manutención mínima de las y los trabajadores y sus familias.
Más recientemente el Poder Legislativo desindexó el salario mínimo de otras variables económicas para eliminar la argucia gubernamental de que aumentarlo sería inflacionario y trastocaría diversos indicadores de la economía, mientras el Poder Judicial ha emitido tesis y criterios jurisdiccionales según los cuales el “mínimo vital” es un Derecho Humano inalienable, por lo que se debe hacer valer.
Por todo ello, Hernández Soriano demandó al Ejecutivo Federal cesar en su injusticia hacia millones de mexicanos y ordenar que en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde es mayoría, determine ya un aumento gradual para sueldos de modo que dignifiquen la calidad de vida.
