Javier Favela, periodista de La Voz de Michoacán, presentó hace unos minutos QUEJA formal en contra de la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Lourdes Becerra, y del coordinador de lo Contencioso Electoral, César Edemir Alcántar González, relatando los pormenores en tercera persona.
La QUEJA presentada ante la Oficialía de Partes, para ser dirigida a la Contraloría Interna del IEM, pide la destitución e inhabilitación de ambos servidores públicos por violación a las formalidades esenciales del procedimiento dentro del expediente IEM-PESV-08/2023, incurriendo además en actos y omisiones que infringen los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen el funcionamiento del IEM.
Las irregularidades imputadas a Becerra y Alcántar saltan a la vista en el voluminoso expediente que corresponde a las diligencias de investigación preliminar y que fue puesto a la vista del «denunciado» el pasado 15 de diciembre del 2023.
Cabe recordar que el 25 de octubre, la quejosa Liz Hernández presentó denuncia frívola por actos presuntamente constitutivos de VPG en contra del dirigente perredista Octavio Ocampo Córdova, aportando como sustento una nota informativa de La Voz de Michoacán. El pasado 7 de noviembre, el periodista Favela se enteró de su calidad de «requerido» para aportar información en la investigación preliminar. El 30 de noviembre, el comunicador supo oficialmente que tenía el carácter de «tutelado», es decir, sujeto a medidas cautelares. Y hasta el 14 de diciembre tuvo conocimiento oficial de estar en la calidad de «denunciado».
De acuerdo con el artículo 60 del reglamento para la tramitación de quejas y denuncias del IEM, una vez admitida la querella de la legisladora, Becerra debió hacerle saber al periodista su condición de supuesto «denunciado» y de la infracción que se le imputaba. De inmediato, debió correrle traslado de dicha denuncia con sus anexos y con todas las constancias que fueran integrándose en el expediente para ejercer derechos de defensa. Sin embargo, transcurrieron 50 días naturales para poner en conocimiento oficial que el comunicador enfrentaba una acusación administrativa.
Asimismo, César Edemir Alcántar dirigió la tramitación y la sustanciación de la multicitada queja por VPG durante 20 días consecutivos, según las constancias que obran en el expediente. El periodista y su abogada defensora, Mónica Ferreyra, testimoniaron la injerencia telefónica del coordinador de lo Contencioso Electoral para admitir nuevo trámite sobre el caso IEM-PESV-08/2023 en la Oficialía de Partes del IEM en la noche del 4 de diciembre del año pasado, al tiempo que seguía direccionando a sus subordinados para amordazar al periodista y silenciar al medio de comunicación. Se espera que la Contraloría Interna del IEM haga una amplia investigación, incluyendo videos y registros de llamadas telefónicas correspondientes a la noche del 4 de diciembre.
Es pertinente subrayar que impedir la difusión del trabajo periodístico constituye CENSURA PREVIA, de conformidad con el régimen jurídico vigente sobre libertad de expresión y de opinión en México.
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