Sucesos

Ofrece FGE 100 mil pesos de recompensa por la captura de presunto feminicida

Emite Fiscalía General del Estado de Michoacán recompensa para capturar a presunto feminicida en Sahuayo

COMUNIDADES DE MICHOACÁN/ Redacción

Sahuayo, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- Como parte de las acciones para esclarecer el feminicidio de Frida S., ocurrido en junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la emisión de una cédula de recompensa para obtener datos que permitan ubicar y detener a Juan Paulo Amezcua Gudiño, señalado como probable responsable.

De acuerdo con la institución, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidio permitieron reunir elementos de prueba que vinculan al imputado con el crimen, por lo que un Juez de Control libró una orden de aprehensión que continúa vigente.

Según consta en la Carpeta de Investigación, el 18 de junio de 2022, durante una celebración de bautizo en el municipio de Sahuayo, el ahora prófugo presuntamente sostuvo una discusión con su pareja y habría accionado un arma de fuego en contra de la víctima, privándola de la vida.

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la institución, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, firmó el acuerdo 10/2026, mediante el cual se autoriza una recompensa de hasta 100 mil pesos a quien aporte información veraz, útil y oportuna que conduzca a la localización y captura del señalado.

El presunto responsable, de 34 años de edad, es de complexión robusta, tez blanca y rostro ovalado; tiene cabello castaño claro, ondulado y con calvicie frontal, frente amplia, cejas arqueadas, ojos café oscuro y barba de candado. Mide aproximadamente 1.80 metros y no presenta tatuajes visibles.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a colaborar proporcionando cualquier dato que contribuya a su detención, a través de los canales oficiales indicados en la cédula de recompensa, garantizando la confidencialidad de quienes participen.

La Fiscalía reiteró que mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar cumplimiento al mandato judicial y avanzar en el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

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