Por Sergio Cortes Eslava.
El Congreso aprobó subsidios multianuales para operar el Morebús y los teleféricos
La oposición señala que comprometer el presupuesto de administraciones futuras vulnera la propia reforma constitucional impulsada por el gobernador
El discurso oficial del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha entrado en un terreno contradictorio. Tras meses de sostener que proyectos clave como el Morebús y los teleféricos se construirían “sin un solo peso de deuda” y bajo un esquema autosustentable que se pagaría solo con el pasaje, el Ejecutivo dio un viraje y solicitó al Congreso del Estado comprometer recursos públicos de las siguientes administraciones para garantizar su operación.
Con 17 votos a favor (Morena, PT, PVEM, la Representación Parlamentaria y el panista José Antonio Valencia), 10 en contra (PRI, PAN, MC, el morenista Juan Carlos Barragán, el independiente Carlos Bautista y la verde Xóchitl Ruiz) y 2 abstenciones (PRD), el Legislativo aprobó reformas al Presupuesto de Egresos para habilitar subsidios multianuales.
El impacto financiero de estas obras amenaza con hipotecar los recursos de los próximos gobiernos estatales. Solo la primera etapa del Morebús contempla una inversión en infraestructura de entre 2,193 y 2,900 millones de pesos —compartida con la Federación— para 55 estaciones y 74 unidades, cuyas obras iniciaron el 13 de mayo de 2026.
Sin embargo, ese monto no contempla el gasto corriente para mantener el sistema funcionando. El diputado Juan Carlos Barragán calcula que la inversión total entre el Morebús y los teleféricos de Morelia y Uruapan bordeará los 9 mil millones de pesos, mientras que la versión gubernamental ubica la cifra por encima de los 7 mil millones.
Aunque el gobierno defiende que el Morebús trasladará a 80 mil personas diarias —con un alcance potencial de 400 mil beneficiarios— y reducirá 40% los tiempos de traslado en el poniente de Morelia, analistas y transportistas advierten que ni la capital ni Uruapan cuentan con la densidad o el volumen de pasajeros suficientes para hacer rentables un sistema BRT o un teleférico.
Eludir las propias reglas: ¿subsidio o deuda disfrazada?
El nudo crítico de la discusión reside en la coherencia de la política pública. El 16 de marzo de 2026 entró en vigor la reforma constitucional “No Más Deuda en Michoacán”, promovida y celebrada por el propio Ramírez Bedolla con el compromiso explícito de prohibir cualquier esquema de endeudamiento a largo plazo que rebase la gestión en turno.
Hoy, la oposición y sectores críticos señalan que recurrir a subsidios multianuales atados a fideicomisos para la compra y mantenimiento de unidades (como los camiones de la marca Yutong) es una medida para eludir el candado constitucional que el propio Ejecutivo diseñó.
Legisladores de oposición como Grecia Aguilar y Antonio Carreño, coinciden en que comprometer presupuestos futuros de manera indefinida y sin un tope claro es una forma evasiva de endeudamiento, al disfrazar el pasivo bajo el concepto de ‘subsidio’ para no contabilizarlo formalmente como deuda pública, transfiriendo la factura a las siguientes administraciones.
Por su parte, el oficialismo insiste en que estos fideicomisos no constituyen deuda formal, sino un mecanismo necesario para blindar la operación técnica y evitar que el costo real del servicio impacte la tarifa del usuario, manteniéndola al nivel del transporte público tradicional.
A pesar de la aprobación en el Congreso, el gobierno estatal no ha hecho público el monto definitivo que requerirán estos apoyos gubernamentales.
Estimaciones externas elaboradas por la oposición —considerando los costos de mantenimiento, flotilla y demanda real— proyectan que los subsidios podrían superar los 1,000 millones de pesos anuales. Para dimensionar el impacto, este gasto operativo representaría aproximadamente el 50% del presupuesto anual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), comprometiendo partidas que podrían destinarse a salud, educación o seguridad en los años venideros.
La prueba de fuego para la transparencia del proyecto será la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, donde el Ejecutivo deberá desglosar por primera vez el monto real de la partida destinada a estos subsidios. A Ramírez Bedolla le resta un año de mandato, lo que deja el escenario listo para que la infraestructura quede saldada en su etapa inicial, pero heredando a la siguiente administración una pesada carga financiera recurrente e ineludible.
