Horacio Erik Avilés Martínez*
Durante los últimos años ha sido compleja la ruta de incursión del sector privado en apoyo a proyectos de desarrollo educativo en Michoacán de Ocampo. Me refiero a la genuina, no a la que trae modelos de negocio disfrazados de filantropía.
Enfoquémonos en lo que sucede con aquellos esfuerzos bienintencionados que tangiblemente generan derrama económica y sus aportaciones contribuyen con infraestructura física en la entidad, con tendencia originaria a lograr mejorar las condiciones de aprendizaje de la niñez y de la juventud en la entidad. Empero, algo sucede, que no siempre esta clase de esfuerzos tienen final feliz, ni tampoco llegan a alcanzar sus nobles objetivos fundantes.
Me refiero a varios casos fallidos en los que he atestiguado circunstancias similares: un empresario o grupo empresarial determina donar recursos para invertir en construir o dignificar escuelas, en mejorar infraestructura educativa o en pagar maestros. Lo cual sí se realiza. Acto seguido, los resultados se entregan a la Secretaría de Educación en el Estado. Se supone que con la misión común de apelar al interés superior de la niñez y juventud involucrada.
Sin embargo, mucho más rápido que tarde, por arte de magia, aparecen los gremios, facciones disidentes y sindicatos de trabajadores de la educación disputándose el control y rectoría de la institución educativa, inmovilizándola, asfixiándola, colonizándola, paralizándola.
Si son planteles, esta clase de instituciones de nueva construcción suelen ser materia de disputa encarnizada para colocar ahí a los incondicionales, a los distraídos de su función, a los expulsados de otras zonas, o a quienes compraron sus plazas y no se les ha colocado aún. Hasta con fecha retroactiva. Si son maestros adicionales, son defenestrados y perseguidos por los ya basificados y sindicalizados. Si son plazas de nueva creación, se buscará que sean ocupadas por los impuestos por los grupos sindicales.
Acto seguido, la reyerta llega a mayores y finalmente, el empresario o grupo empresarial terminan soltando el tema, asumiendo la pérdida y reorientan su filantropía hacia otros ámbitos. Podría mencionar varios de los casos históricos, pero el recientemente acontecido en la comunidad de El Testerazo, municipio de Tacámbaro es lastimoso por la inversión que se había realizado y las intenciones de que los habitantes de la localidad resultaran directamente beneficiados.
La falla institucional es la siguiente: no existe un protocolo de acompañamiento para los particulares que deseen realizar beneficencia en este ámbito.
Que sirva la lección para diseñar políticas públicas al respecto, que se establezca normatividad al respecto, se asigne un responsable en la Secretaría de Educación en el Estado para brindar informes y acompañamiento, con la corresponsabilidad, desde la idea de mecenazgo hasta su plena operatividad, de mantener blindado el tema de intereses ajenos a los derechos de la niñez y juventud que potencialmente serán beneficiados con el acto altruista.
Mientras tanto, la beneficencia seguirá siendo alimento para los tentáculos de las cúpulas gremiales, en contubernio con quienes causalmente no han regulado su intervención.
Sus comentarios son bienvenidos a eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A.C.
