La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ordenó que un interventor judicial revise y apruebe previamente todo lo que publique el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna sobre la gobernadora Layda Sansores.
La medida prohíbe estrictamente que el comunicador mencione, opine o publique imágenes de la mandataria. Y va más allá: cada nota, comentario o programa que quiera difundir deberá ser vigilado por un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia estatal.
La jueza argumentó que “no se impide la libertad de expresión” pero que se debe cuidar la dignidad de la víctima, en referencia a Sansores.
El periodista calificó estas restricciones como “excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales”.
En décadas recientes no se había visto un caso donde un juez ordene supervisar todo el contenido de un medio antes de publicarse. Así se normaliza la censura política en México.
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