-Con once homicidios contra periodistas sólo en lo que va de 2022, México se revela como un país en el que la libertad de prensa, que merece una conmemoración mundial cada 3 de mayo, es cada vez más difícil
Michelle Natalie Raible Quiñones para EnSintesis
El nueve de mayo de 2022, las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, reporteras del portal “El Veraz”, fueron atacadas a balazos dentro de su automóvil en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. El asesinato de ambas periodistas ocurrió cuatro días después de que se conoció la trágica muerte del analista Luis Enrique Ramírez, quien fue encontrado envuelto en plástico en un camino de terracería en Culiacán, Sinaloa, el viernes 6 de mayo.
Con los homicidios de Yesenia y de Sheila, ya suman once periodistas asesinados en México a lo largo de este año, en medio de un fenómeno de violencia contra estos profesionales que representa un desafío al cumplimiento de la libertad de prensa como un derecho de todos los mexicanos.
Unos días después del asesinato de Armando Linares, el 22 de marzo pasado, el Parlamento Europeo , como ya había hecho en varias ocasiones en sexenios previos, condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, e instó a que estos crímenes sean investigados de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcialmente”. En respuesta, el presidente Andrés López Obrador, en una dura carta, tachó a los eurodiputados de “borregos”, y denunció “la corrupción, hipocresía e injerencismo (sic)” del Parlamento Europeo.
Además, mencionó que si México estuviera en una situación tan grave, él no sería respaldado por 66% de los ciudadanos, como lo publicó una encuesta de la empresa Morning Consult, que lo colocó como el segundo mandatario del mundo con mayor aprobación. Encuesta la cual no ha tenido comprobación real, siendo así otra mentira de nuestro presidente, como lo demostró el portal de Associated Press: https://apnews.com/article/ap-verifica-122798256502
Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó que a México se le reconoce como el país más mortífero del mundo para la prensa. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas y contra personas que trabajan en medios de comunicación se ven agravados por la impunidad, que genera un fuerte efecto inhibitorio tanto en el ejercicio de la libertad de expresión como al ejercer en la labor diaria de la profesión de periodista.
Aunque algunos estados han aumentado las garantías legales para el ejercicio del periodismo —con acciones que incluyen la creación de programas especializados de protección, el fortalecimiento de la independencia de las leyes del ámbito nacional, la capacidad técnica del Poder Judicial y la creación de cuerpos de investigación de crímenes contra periodistas y jueces especializados—, lo cierto es que en muchos lugares dichas garantías se han visto seriamente comprometidas, especialmente a escala regional, donde no parecen existir medidas suficientes y adecuadas. Se suman fenómenos como el aumento de la actividad de la delincuencia organizada, que en algunos lugares tienen incluso la capacidad de controlar, intimidar y manejar a las autoridades. Y es en estas difíciles circunstancias es donde hay periodistas tratando de sacar a la luz la verdad de los hechos.
La información recabada por la Relatoría Especial indica que esta situación de violencia e impunidad en los crímenes contra la prensa se ha agudizado en los últimos años. Según las cifras de la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta el caso de Armando Linares, han habido 153 asesinatos de periodistas en México. Decenas más habrían sido desaparecidos o desplazados de sus lugares de trabajo, y otros cientos fueron amenazados, hostigados o atacados como respuesta del crimen organizado a sus actividades profesionales.
Pero el combate a la impunidad no ha mejorado. El estudio efectuado por la Relatoría Especial sobre asesinatos de periodistas cometidos entre 1995 y 2005 comprobó que la gran mayoría de las investigaciones avanzaban muy lentamente y existían graves deficiencias que impedían recabar evidencias de manera adecuada y oportuna. Sólo en casos excepcionales se determinó quiénes eran los autores, y hay muy pocas sentencias condenatorias.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Lamentablemente, México es un país en donde la libertad de prensa no existe para muchas personas: es un país en donde una nota de ocho columnas puede costar una vida.
