La autoridad educativa en Michoacán, además de relatar que los estudiantes desaparecidos del sistema educativo estatal son rescatados del rezago educativo, no conformes con esta demostrada falacia, ha construido otra trampa retórica: llama demografía a lo que en realidad es desaparición masiva de estudiantes, porque con esa sola palabra intenta lograr que la pérdida de matrícula suene a fenómeno natural, casi meteorológico, un asunto sin responsables. Cierto es que existe un componente demográfico real y medible: la tasa global de fecundidad en la entidad bajó de 2.47 hijos por mujer en 2014 a 2.31 en 2018, mientras que la fecundidad adolescente se redujo entre 15 y 17 por ciento entre 2016 y 2024. Pero ese componente actúa con lentitud, se refleja en la matrícula con quince o dieciocho años de rezago y resulta insuficiente para explicar la caída de veinte mil 626 estudiantes registrada en un único ciclo escolar, el 2024-2025, justamente cuando la propia Secretaría de Educación en el Estado sostenía que la matrícula permanecía intacta. Una curva de nacimientos avanza de manera suave; quien produce golpes secos de esa magnitud es la salida abrupta de estudiantes ya inscritos. Por ello, confundir ambos fenómenos equivale a disfrazar una crisis de violencia y expulsión como si fuera una estadística neutra. Todavía, en el arranque de este ciclo escolar, se perdieron siete mil estudiantes más.
El único fenómeno genuinamente demográfico detrás de esta pérdida de matrícula resulta cruento antes que apacible: hablamos de migración y desapariciones forzadas, así como de desplazamiento interno, movimientos y pérdidas de población que ocurren bajo el cañón de un arma y jamás bajo la curva serena de un censo o al calor de una ficticia política pública de combate al rezago educativo. Michoacán es, desde 2016, la entidad con mayor incidencia de desplazamiento forzado interno de todo el país. En el episodio documentado de Apatzingán se contabilizó una población desplazada de más de trece mil personas, siete de cada diez mujeres huyendo junto con sus hijas e hijos. Comunidades enteras de la Tierra Caliente, entre ellas Aguililla, Coalcomán y Buenavista, aparecen catalogadas como territorios sin retorno por el Observatorio de Seguridad Humana, porque en ellas dejó de existir tanto la escuela física como el tejido comunitario que sostenía la asistencia escolar.
Bajo ese enfoque, decir que nacen menos niños equivale a ocultar que miles de familias huyen porque el Estado dejó de garantizarles seguridad.
Dieciocho de cada cien menores michoacanos trabajan, cada uno de ellos enfrenta 5.8 veces más probabilidades de abandonar la escuela entre los cinco y los diecisiete años. Las redes de reclutamiento criminal captan a menores desde los nueve o diez años usando redes sociales y videojuegos en línea como vitrina de enganche, con perfiles falsos que ofrecen dinero, empleo o reconocimiento a cambio de sumarlos a una estructura delictiva, según ha documentado la representación de UNICEF en México. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 234 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Michoacán durante 2025, de los cuales 107 permanecían sin ser localizados al 3 de marzo de 2026, un incremento de casi 19 por ciento respecto al año previo. Entre enero y mayo de 2025, Michoacán se ubicó entre las tres entidades del país, junto con Guanajuato y Oaxaca, con más asesinatos de personas de cero a diecisiete años, concentrando uno de cada diez homicidios infantiles y adolescentes de todo México en ese periodo. Cuando una autoridad pregunta de manera retórica dónde están los estudiantes que ya no aparecen en la matrícula, la respuesta más honesta e insoportable señala que una fracción de ellos permanece ilocalizable, un dato que debería sacudir a cualquier funcionario responsable de la política educativa mucho más de lo que hasta ahora lo ha hecho. A esto se añade la violencia dentro del propio espacio escolar: el homicidio de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas y el reto viral llamado “tiroteo mañana” instalaron una sensación de amenaza constante que empuja a familias enteras a retirar a sus hijos por miedo antes que por decisión educativa. Quien sale del sistema en estas condiciones difícilmente encuentra un camino de regreso, porque Michoacán carece de una ruta de reinserción escolar funcional para el desplazado, para quien empezó a trabajar a los doce o trece años, para quien logró salir de una estructura criminal o para la adolescente que truncó su trayectoria por un embarazo temprano. Hablar de trayectorias educativas completas como estándar deseable resulta indispensable precisamente porque la interrupción rara vez funciona como un paréntesis reversible: casi siempre marca un punto final.
Existen herramientas que la autoridad podría activar hoy mismo y que hasta ahora ha dejado inertes. Programas como Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro funcionan como paliativo para quien permanece dentro del sistema, pero carecen de un diseño específico orientado a recuperar a quien ya salió por violencia o por trabajo infantil, una diferencia enorme que la autoridad ha ignorado de manera sistemática. La Fiscalía del estado documenta cifras de reclutamiento criminal que podrían cruzarse con las cifras de abandono escolar que administra la Secretaría de Educación, y el Congreso local cuenta con la facultad de exigir seguimiento trimestral sobre ambas bases de datos. Por esa razón hemos planteado que la retención de las juventudes se convierta en un indicador estratégico de la gestión de quien encabece la Secretaría de Educación en el Estado, con revisión trimestral del Congreso que cruce las cifras de abandono en media superior con las cifras de reclutamiento que ya documenta la propia Fiscalía. Ese cruce, elemental en cualquier administración pública seria, continúa pendiente, y mientras ambas estadísticas sigan tratándose como si ocurrieran en mundos separados, la política educativa michoacana seguirá operando a ciegas frente a su propia emergencia.
Cada adolescente que abandona el aula y jamás regresa engrosa una bolsa de vulnerabilidad que después se traduce en violencia adicional, desplazamiento adicional y desapariciones adicionales, en un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Michoacán sostiene, de manera simultánea, algunas de las peores cifras del país en homicidios y desapariciones de niñas, niños y adolescentes, recordando que, durante el Ciclo Escolar 2024-2025 murieron 120 menores de edad asesinados en Michoacán, fenómeno qur se agrava con una cobertura educativa escuálida: apenas existe lugar para uno de cada dos jóvenes que buscan ingresar a educación media superior, y para uno de cada cuatro que aspiran a educación superior: un estado con más de un millón 240 mil estudiantes en educación básica solamente absorbe a la mitad en bachillerato y a una cuarta parte en educación superior, con lo cual aplica, en los hechos, una forma de negación institucional del derecho a la educación consagrado en el artículo tercero constitucional, y esa negación resulta enteramente atribuible a decisiones presupuestales de los sucesivos gobiernos estatales.
Los datos desagregados por sexo revelan una historia de expulsión selectiva antes que de equidad de género. En primaria pública los hombres todavía superan levemente a las mujeres, y sin embargo esa proporción se invierte con fuerza en educación media superior, donde los varones representan apenas el 45.6 por ciento de la matrícula pública. El reclutamiento criminal y el trabajo infantil golpean de manera desproporcionada a los adolescentes varones, y los datos nacionales de homicidios infantiles muestran que, entre 2015 y mayo de 2025, más de tres de cada cuatro víctimas de cero a diecisiete años fueron hombres. La reducción de la fecundidad adolescente ayuda a que las mujeres permanezcan matriculadas en proporción relativamente mayor, un dato positivo que conviene leer con cautela: existe una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente con resultados medibles, mientras que ninguna estrategia estatal o federal comparable protege a los adolescentes varones en la transición de secundaria a media superior frente al reclutamiento. Leer ese dato como una victoria de política pública equivaldría a confundir, otra vez, la ausencia de una tragedia con la presencia de una solución, y cada punto porcentual que crece la feminización relativa de las aulas de bachillerato representa, en los hechos, un adolescente varón que el Estado michoacano no supo o careció de voluntad para proteger.
Mexicanos Primero Michoacán exige transparencia metodológica completa, persona por persona, sobre cada estudiante que desaparece de la matrícula, en lugar de cifras agregadas convenientes. Exigimos que la Secretaría de Educación en el Estado y la Fiscalía crucen de manera obligatoria y pública sus bases de abandono escolar y de reclutamiento criminal, con reportes trimestrales ante el Congreso. Exigimos una ampliación presupuestal inmediata de la oferta en educación media superior y superior, pues ningún discurso de excelencia educativa sostiene sentido mientras la mitad de la juventud michoacana carezca de un lugar físico donde continuar estudiando. Exigimos, además, una estrategia de retención diseñada específicamente para adolescentes varones en riesgo de reclutamiento, y una estrategia de reinserción real, más allá de las becas, para quienes ya salieron del sistema por desplazamiento, trabajo infantil o violencia. Y exigimos, sobre todo, que ninguna autoridad vuelva a emplear la palabra demografía para esconder lo que constituye, en los hechos, una crisis de seguridad, de cobertura y de voluntad política, porque solamente nombrar el problema con precisión permite exigir la rendición de cuentas que hoy se evade.
El gobierno de Michoacán dispone todavía de doce meses y veintidós días hasta el cierre de esta administración estatal para demostrar que puede ganarle la carrera al crimen organizado y a la negligencia institucional acumulada. En sus manos ha estado, literalmente, el destino de cada niña, niño y joven que hoy falta en un aula, y esa responsabilidad continúa vigente mientras la palabra demografía siga usándose para esconder lo que en realidad constituye una crisis de seguridad, de cobertura y de voluntad política. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
