Laura Rojas
México, D.F., a 7 de noviembre de 2015 – Desde hace por lo menos dos años la Procuraduría Social del Distrito Federal engaña a la gente, ya que cada resolución que ganan los condóminos, a través del Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones, es declarada nula por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues los documentos no son firmados por las autoridades correspondientes, sino por terceros cuya firma no es válida, de este modo, la PROSOC incumple la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
De acuerdo a denuncias ciudadanas, de condóminos afectados cuyos abogados han detectado y señalado el error, la Subdirección de Sanciones y Medidas de Apremio de la Procuraduría Social, que depende del Gobierno capitalino, han hecho caso omiso y continuado con la práctica en detrimento de los afectados.
A partir de una investigación y seguimiento de casos, se obtuvo información relativa a los procesos fallidos que han padecido condóminos que acuden a la Procuraduría Social en busca de la solución a robo de espacios comunes y al mal manejo de las cuotas de mantenimiento y administración por parte de inquilinos de unidades habitaciones en la Colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, donde la proliferación de casas habitación en condominios ha crecido exponencialmente.
Según datan expedientes, el 30 de Septiembre de 2015 cuando el Tribunal de lo Contencioso declaró, a través del Juicio Número IV-19910/2015, la nulidad lisa y llana de la Resolución de fecha uno de octubre de 2014, pronunciada por el Jefe de la Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones, Argenis Vergara Zúñiga, en el procedimiento administrativo con número de expediente 222/PAAS/2014.
Los magistrados respondieron ante los cuestionamientos de los afectados cuyos casos no se resuelven a pesar de haber llevado paso a paso los trámites; la respuesta es contundente, se trata de un error deliberado, el jefe de unidad, Argenis Vergara Zúñiga, quien no está facultado para resolver procedimientos administrativos, es la persona que firma los documentos quedando éstos sin validez.
Quien sí tiene competencia es la Subdirectora de Sanciones y Medidas de Apremio, Guillermina Grisel Castro Nieto, que por algún motivo desconocido sólo firma las notificaciones de Nulidad a los terceros interesados y perjudicados. De tal modo que los condóminos nunca podrán, así, ganar ningún juicio.
Otro caso se dio el 23 de Octubre de 2014, cuando también el Tribunal de lo Contencioso resolvió, a través del Juicio Número: IV-53112/2014, declarar la nulidad de la resolución 580/PAAS/2013 de fecha veintiséis de marzo de 2014 emitida también por el Jefe de la Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones.
Cabe mencionar que el proceso es largo, ya que es requisito primero pasar por Conciliación, donde está a criterio personal aceptar la queja de los condóminos; de ser aceptada, se programa una audiencia, la que podría tardar hasta un año debido a fallas administrativas como el olvido para notificar a la parte requerida; la inasistencia de los funcionarios de la mesa de conciliación o por las frecuentes manifestantes en el perímetro de sus instalaciones. Y también costoso, ya que los denunciantes tienen que pagar abogados que lleven sus casos.
Cuando finalmente la Procuraduría Social resuelve a favor de los condóminos e impone las multas, han pasado dos o más años; pero dado que la forma del acto administrativo es incorrecta porque la Procuraduría Social está haciendo mal su trabajo, los infractores recurren al Tribunal de lo Contencioso y sus multas son anuladas.
Así, todo el trabajo realizado por los condóminos que buscan se aplique la ley de condóminos en beneficio de los habitantes, el tiempo invertido, las agresiones sufridas y el dinero gastado por los denunciantes resultan vanos; no obstante la publicidad de la Procuraduría Social que pregona: ¡Acude a nosotros! “estamos pendientes de que la ley se cumpla”.
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