Desde que es autónoma, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha tenido dos titulares, y paradójicamente los dos tuvieron dueño. En la prensa se dijo que Adrián López Solís era el «fiscal carnal» de Silvano Aureoles, y que Carlos Torres Piña lo fue de Alfredo Ramírez Bedolla. Con el registro de aspirantes abierto, la pregunta pertinente es de quién será el tercero.
El registro cierra el viernes 13. Después, la Comisión de Justicia integrará una lista de diez nombres, el gobernador escogerá una terna y el Congreso designará, con al menos 27 de sus 40 votos, a quien ocupará el cargo durante nueve años. En el papel, el procedimiento obliga al consenso. La experiencia reciente enseña que su destino se fija antes y en otra parte.
DE SECRETARIO DE GOBIERNO A FISCAL CON 39 VOTOS Y SIN ADVERSARIOS.
Torres Piña fue secretario de Gobierno de Ramírez Bedolla desde octubre de 2021. En 2025 fue además la voz del Ejecutivo en la elección judicial. Anunció la entrega al Congreso de los listados de aspirantes e instaló la mesa estatal de seguimiento del proceso. Aquella elección, aquí como en todo el país, quedó marcada por los acordeones, las guías que indicaban a los electores por quién marcar en boletas repletas de nombres desconocidos.
Semanas después de la jornada electoral cambió de oficina. El 27 de julio de 2025 el Congreso lo designó fiscal general con 39 votos. Sus dos compañeros de terna, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete y Salvador Sánchez Suárez, no recibieron uno solo. Ninguna comparación honesta de trayectorias produce unanimidad en un órgano plural, y ese resultado es la huella de una decisión tomada fuera del recinto. Ilusos se vieron los aspirantes que creyeron tener una posibilidad real.
TRES NOTARÍAS A CAMBIO DE LA FISCALÍA.
Para que Torres Piña llegara, antes tuvo que irse López Solís, designado en 2019 para un periodo que concluía en 2028. Anunció su renuncia el 6 de julio de 2025. Según los acuerdos de designación, reseñados por la prensa local, dos días antes habían ingresado a la Secretaría Particular del gobernador tres solicitudes de patente de notario, la suya, la de su ex esposa Teresa Ruiz Valencia y la de Nicolás Maldonado Millán, fiscal coordinador y hombre de su confianza. El 9 y el 11 de julio, el Periódico Oficial publicó las tres designaciones, en la Notaría 194 de Zitácuaro, la 6 de Uruapan y la 178 de Quiroga, esta última con la previsión de trasladarse a Morelia.
No está acreditado un acuerdo escrito entre el gobernador y el fiscal saliente. ¡Nada más faltaba que alguien lo exigiera! Pero ¿quién en su sano juicio entrega tres notarías al fiscal saliente y a su círculo, y quién sabe cuántas prebendas más, precisamente cuando renuncia, y pretende que la ciudadanía crea que nada tiene que ver con la vacante que habría de ocupar el secretario de Gobierno? Tres semanas después del anuncio de la renuncia, el incondicional del gobernador ya era fiscal.
UN FISCAL QUE SE PUSO POR ENCIMA DEL PODER JUDICIAL.
Quien intervino desde el gobierno en la elección judicial se sentó después, como fiscal, con los juzgadores electos. El 4 de diciembre de 2025, el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, informó de un acuerdo con el gobernador y el fiscal para revisar en una mesa conjunta el catálogo de delitos del Código Penal. El 9 de enero de 2026, fiscales y juzgadores participaron en un conversatorio encabezado por Torres Piña y Gama Coria. El 26 de enero, Gama Coria atribuyó el incremento de ciertas resoluciones al diálogo permanente con la Fiscalía.
En mayo presentó ante empresarios de Uruapan un 93 por ciento de solicitudes de cateo concedidas. En junio, en un acto partidista disfrazado de rendición de cuentas, organizado con el Gobierno del Estado y la Fiscalía, informó que el 90 por ciento de las personas puestas a disposición de los juzgados de control resultan vinculadas a proceso.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO SE MIDE POR LA COMPLACENCIA A LAS SOLICITUDES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
En el sistema acusatorio, el Ministerio Público es una parte. El juzgado de control que niega una orden de aprehensión mal fundada, califica de ilegal una detención o dicta auto de no vinculación cumple su función constitucional, y no representa un obstáculo para la procuración de justicia. Que se concedan 93 de cada 100 cateos puede reflejar investigaciones bien integradas, pero también un control judicial reducido a trámite.
Las reuniones institucionales no son ilegales por sí mismas. El artículo 20 constitucional prohíbe a quien juzga tratar asuntos en proceso con una parte sin la presencia de la otra, y la Convención Americana exige tribunales independientes e imparciales, en los hechos y a los ojos de la sociedad. El problema está en presentar la concesión de cateos y vinculaciones como logro compartido con la Fiscalía. Eso convierte en meta común de quien acusa y de quien juzga decisiones que cada juzgado debe tomar con independencia, caso por caso. La celebración pública indica a cada juzgado de control cuál es la respuesta deseada, y desalienta al que, con plena legitimidad, decide rechazar una solicitud insuficientemente fundada.
Como es de esperarse, no hay constancia de una instrucción de Torres Piña a juzgadores para dictar autos de vinculación, ni de un respaldo de magistraturas o juzgados a su aspiración. De esas conductas no se deja huella en el papel. Empero, la pregunta subsiste con toda su fuerza. ¿Cómo se garantiza la independencia de un juzgado frente a una Fiscalía cuyo titular intervino antes en el proceso del que salió el propio Poder Judicial?
TODOS SON CULPABLES MIENTRAS NO DEMUESTREN LO CONTRARIO.
La Constitución presume inocente a toda persona mientras no se declare su responsabilidad en sentencia. En la Fiscalía de Torres Piña, y en la que dejó, la regla práctica ha sido la inversa. Primero se detiene y después se investiga. La carpeta se integra para obtener la vinculación a proceso, no para esclarecer los hechos, y el detenido se exhibe ante los medios como responsable antes de que exista acusación. Una columna política local lo resumió con crudeza al escribir que en la Fiscalía todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Quienes litigamos en materia penal lo vemos a diario.
Según el censo penitenciario que el INEGI publicó en julio de 2026, en Michoacán el 100 por ciento de las personas adultas presas sin sentencia estaba en prisión preventiva oficiosa, situación que solo comparte el Estado de México. El promedio nacional es de 50.1 por ciento. La medida la decreta el juzgado, pero la puerta de entrada al catálogo del artículo 19 constitucional la abre el Ministerio Público con la clasificación que elige al imputar. El dato no basta para saber si las clasificaciones son excesivas o si la causa está en los juzgados o en el registro penitenciario. Basta para exigir una explicación.
Con la prisión casi asegurada, el procedimiento abreviado deja de ser una opción libre y se vuelve la salida más corta de la cárcel. Una persona inocente, presa sin sentencia y sin juicio a la vista, puede preferir admitir un delito que no cometió antes que esperar años una absolución. La Fiscalía la contará entre sus resultados.
EL FISCAL PARTIDISTA, CON LICENCIA Y CON ESCOLTA.
El 16 de junio de 2026, Torres Piña pidió licencia para participar en el proceso interno de Morena. Durante tres meses recorrió el estado en asambleas que él mismo describió como trabajos de conformación de estructuras, y se informó que lo hacía acompañado de escoltas por su condición de fiscal con licencia. En Pátzcuaro dijo que la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía le habían permitido «formarme en los temas más complejos del estado». El 14 de septiembre Morena lo nombró coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, el 18 renunció a la Fiscalía invocando el respeto a su autonomía, y el 1 de octubre el Congreso aprobó su salida. No cumplió ni la sexta parte de su periodo.
Un fiscal con licencia puede necesitar protección por los riesgos de su función. Pero el artículo 134 constitucional obliga a aplicar los recursos públicos con imparcialidad, y la Fiscalía debe informar quién autorizó esa protección, con qué evaluación de riesgo, cuántos elementos y vehículos se asignaron y qué funciones cumplieron durante una contienda interna de partido. La pregunta sigue sin respuesta. Entretanto, la institución que debía mantenerse más lejos de la contienda electoral sirvió de antesala a la coordinación desde la cual el partido gobernante construye su candidatura a la gubernatura.
2 MIL MILLONES PARA GASTAR AUTÓNOMAMENTE Y CON OPACIDAD.
Para 2026, la Fiscalía recibió mil 873 millones de pesos, un incremento real cercano al 20 por ciento según el gobernador. La ley le otorga autonomía financiera, técnica y de gestión para apartar la persecución del delito de las conveniencias del gobierno. En Michoacán funciona al revés. El titular llega por decisión del Ejecutivo y de su mayoría, y la autonomía sirve para alejar a la institución del escrutinio. En los informes trimestrales de las finanzas estatales, la Fiscalía aparece como una sola línea, y cualquier pregunta incómoda encuentra refugio en la reserva de las investigaciones. Hay independencia frente a quienes deberían vigilar y dependencia frente a quien designa.
CUOTAS, CARPETAS Y ABREVIADOS, LA ECONOMÍA INTERNA DE LA FISCALÍA.
Entre litigantes, agentes y policías es un secreto a voces la existencia de un sistema de cuotas, por el que los mandos entregan periódicamente dinero a sus superiores y este sube hasta la cúspide de la institución. Quien paga por conservar una adscripción necesita recuperarlo, y la única fuente a su alcance es la función. La carpeta de investigación se convierte en mercancía. Los casos que trascienden muestran el mecanismo. En febrero de 2025 se denunció ante el Congreso que un fiscal y un agente del Ministerio Público exigieron a una víctima 820 mil pesos para judicializar su caso. En octubre de 2026 fueron detenidos cuatro servidores públicos de la Fiscalía y un ex funcionario, acusados de fabricar una carpeta por homicidio culposo para cobrar un seguro de vida.
El procedimiento abreviado agrava el riesgo. El Código Nacional de Procedimientos Penales deja en manos del Ministerio Público la clasificación jurídica, las calificativas y la reducción de pena que solicita, y el juzgado no puede imponer una pena mayor que la pedida. El control judicial existe, pero recae sobre la acusación tal como el Ministerio Público decidió formularla. Una agravante omitida o una calificación indebidamente benigna difícilmente pueden ser advertidas por quien juzga, y el expediente no revela las razones de esas decisiones. Las víctimas son las primeras en pagar esa diferencia.
LAS CALLES QUE RODEAN A LA FISCALÍA, ESPEJO DE LA INSTITUCIÓN.
Quien acude a las oficinas centrales de la Fiscalía advierte el estado de la institución antes de cruzar la puerta. Banquetas rotas, baches que nadie repara, un abandono que ya nadie nota. La credibilidad de la Fiscalía está tan deteriorada como esas calles, y por las mismas razones, falta de mantenimiento y nadie obligado a rendir cuentas. Las víctimas recorren ambos caminos. Primero sortean el pavimento roto para llegar a denunciar, y después la demora, la indiferencia y, con frecuencia, la petición de dinero.
EL MANOSEO POLÍTICO QUE DETERIORÓ A LA FISCALÍA ALCANZÓ AL PODER JUDICIAL.
El reparto de cargos como recompensa política abre la puerta a personas sin preparación ni vocación para la función. Torres Piña es la muestra. Su trayectoria es por entero partidista, dirigente estatal del PRD, dos veces diputado federal, secretario de Gobierno, candidato derrotado a la presidencia municipal de Morelia. Ninguno de esos encargos exige conocer el procedimiento penal acusatorio. Dudo que aprobara un examen básico sobre la materia que su cargo le obligaba a conducir.
Durante décadas, esta forma de proveer los cargos se miró con distancia desde el Poder Judicial de la Federación. Ocurría en la procuración de justicia y en los tribunales administrativos, agrarios y laborales, donde la cercanía con el poder pesaba más que el examen. La justicia federal se preciaba de ser la excepción, con concursos de oposición, escuela judicial y ascensos por mérito. Quien dirigió la Escuela Federal de Formación Judicial sabe cuánto costó construirla. La reforma de 2024 y la elección de 2025 la desmantelaron. Hay personas electas con preparación y con carrera, pero el método ya no garantiza que lleguen los mejores, ni protege a quienes llegan de la dependencia frente a quien los puso en la boleta. En Michoacán, quien acusa y quien juzga, seleccionados ambos con criterios políticos, se sentaron después en la misma mesa a celebrar resultados compartidos.
CAMBIO DE RUMBO POLÍTICO, NO DE FISCALES NI DE JUZGADORES.
Quienes desean de verdad cambiar la procuración y la impartición de justicia no deben poner la mira en las fiscalías ni en las magistraturas. La experiencia demuestra que son las piezas más vulnerables de la ecuación. Quien llega a ellas sin el respaldo de la mayoría gobernante queda expuesto a la presión o a la remoción, y quien llega con ese respaldo llega comprometido.
El esfuerzo debe dirigirse a la raíz. Hace falta trabajo arduo y decidido, desde la organización ciudadana y el voto, para sacar del gobierno, del Congreso local, del Ejecutivo estatal, de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República a una mayoría artificial que se ha asumido dueña de la vida de los hombres y mujeres de este país y de la de sus hijos. Mientras esa mayoría decida sola quién acusa y quién juzga, ninguna terna cambiará el resultado.
Al tercer fiscal carnal habría que buscarlo, no entre juristas independientes, sino entre amigos, compadres, cuates, cuotas, socios, recomendados y toda suerte de oportunistas que resulten incondicionales de quien ya se asume como próximo gobernador de Michoacán. La sociedad michoacana no debería permitir semejante trapacería.
SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ | FUNDACIÓN INTERAMERICANA PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
