La teoría tradicional del derecho, la más convencional y ortodoxa no admite que las normas, siendo un hecho social, producto de un contexto cultural específico, sean sujetas de una orientación o interpretación política. Es decir, que la política se imponga al derecho y lo domine.
En teoría, el derecho se aplica o debería aplicarse sin criterios políticos, porque entonces pierde su esencia, se niega a sí mismo y contradice el sentido con el que han sido creadas las normas.
En la vida real, más allá de la filosofía del derecho y la dogmática jurídica, las orientaciones políticas, el ánimo de una comunidad, la prevalencia de una fuerza o ideología por encima de otra, tienen un efecto específico en la política judicial.
Por eso hay momentos en que ciertas conductas son más recurrentemente sancionadas o sujetas a penas más fuertes, porque representan mayor agravio para la clase política dominante. En ese grupo por supuesto se encuentra la clase política de los jueces y los juristas en general.
Pareciera difícil de entender, porque si se presenta una conducta que está tipificada como delito o sancionable en cualquier modalidad, debería haber un castigo, como consecuencia del incumplimiento del orden. No siempre es asi.
Hoy estamos a la expectativa de los criterios políticos con los que van actuar los Tribuales Electorales.
La alianza que integraron para la elección el PRI, PAN y PRD, han señalado que debe proceder la anulación de al menos cinco elecciones para gobernador en el país, entre las cuales destaca la de Michoacán. Morena por su parte, de manera entendible está totalmente en contra.
Sobre los hombros de los Tribunales Electorales, local y federal, pende la gran responsabilidad de saber si las conductas que señalan los impugnantes, son suficientemente importantes y además aparecen en la ley como causales de nulidad para echar abajo el resultado electoral en algún Estado.
No hay que confundirse, la ley por ejemplo dice que puede declararse nula una elección si no fueron instaladas el veinte por ciento de las casillas, no se recibió votación en las mimas o existen las causales para su anulación. Pareciera simplemente un número pero no debería ser así.
Cierto es que los jueces están obligados a cumplir lo que dice la ley y no ir más allá de su contenido. De otra manera se violarían los principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, seguridad jurídica.
Es decir, si se acreditan irregularidades en menos del veinte por ciento de las casillas, no podrá declararse nula. La pregunta relevante es: qué pasa en aquellos lugares en los que hubo casillas notablemente alteradas, como las que se exhibieron, donde de las 500 boletas asignadas a los electores, supuestamente todos los votantes acudieron a las urnas y, coincidentemente, todos fueron por el mismo partido.
Se trata de un escenario irreal en zonas rurales con población dispersa, donde de forma inexplicable de repente surge la cultura cívica del voto e insólitamente acuden todos a votar, siendo que en elecciones previas no lo habían hecho ni la mitad.
Lo curioso de ese dato absolutamente inverosímil y por supuesto alterado, es que además todos votaron por el mismo partido. ¿Se debe imponer un criterio político para salvar el sistema de la evidente existencia de presiones y fuerzas indeseables?
En San Luis por ejemplo la impugnación consiste en el evidente exceso de recursos utilizados por el candidato ganador. Estas cuestiones son muy difíciles de acreditar porque los ladrones no dejan factura. Se les acusa de tramposos no de tontos. La pregunta es si se tendría que utilizar un criterio político para generar un precedente mediante el cual, los candidatos de una vez por todas sepan que si cometen fraude a la ley y gastan más de lo que se permite, serán sujetos de nulidad de sus triunfos.
Por otro lado, no hay una causal que establezca que cuando solamente exista un candidato se pueda anular la elección. De hecho pareciera absurdo. Si no hay otros participantes tampoco habrá quien impugne. Sin embargo en Guerrero y en otros Estados de la República, fue un hecho notorio que algunos candidatos desistieron o los hicieron “bajarse” de la contienda para eliminar la competencia, con un solo candidato seguramente muy identificado con intereses que pronto lo someterán a sus designios y tendrá que obedecer a quien lo puso.
En estos tres asuntos, ¿procede el criterio político para anular una elección?, independientemente de que se hayan acreditado algunas causales de las que sí establece la ley.
Difícilmente los tribunales se vuelcan en contra del poder. Más bien al contrario, casi siempre resultan ser los más conservadores en esta materia. En general los jueces son el segmento de la población menos propenso al cambio.
No conozco las impugnaciones por lo que no es conveniente frivolizar, pero en el discurso político, los señalamientos lanzados por la oposición, lastiman al sistema electoral en su conjunto. Será necesaria una reforma electoral que salve al gobierno en sus diferentes niveles de gran desafío: la delincuencia organizada.
Si los señalamientos realizados aquí y allá, por unos y por otros de todos los colores resultan ciertos, la democracia mexicana está en el peor apuro. Se encuentra en la guillotina.
No es un argumento a favor o en contra de algún partido o candidato. Se trata de algo mucho más serio. Si los legislativos no han podido impedir la influencia del hampa porque sus leyes resultan frívolas e insuficientes; si los ejecutivos están limitados por ley para impedir la mano negra, entonces que sean los jueces, donde puedan y cómo puedan, quienes salven del cadalso al sistema.
La primera mitad del Siglo veinte fue de los legisladores que crearon la constitución. La segunda mitad fue dominada por el ejecutivo.
Hoy es el tiempo de los jueces. Estamos en sus manos.
