Kristi Noem enfrenta juicio político y presión para ser removida en EE. UU. por abusos en política migratoria
Washington, DC, 5 de marzo de 2026. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no ha sido destituida, pero enfrenta un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes y fuerte presión para que el presidente Donald Trump la remueva del cargo. En enero, la congresista demócrata Robin Kelly presentó artículos de impeachment por obstrucción al Congreso, violaciones a derechos civiles en la aplicación de leyes migratorias y uso indebido de fondos públicos, tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años abatida por un agente de ICE en Minneapolis durante un operativo.
Los cargos detallan denuncias de brutalidad y abusos por parte de ICE, incluidas redadas masivas, detenciones sin orden judicial y uso de gas lacrimógeno contra residentes y ciudadanos, así como un patrón de “perfiles raciales” contra personas latinas. También se le acusa de ocultar información sobre operativos, ignorar órdenes judiciales y engañar al Congreso sobre el impacto real de sus políticas. Un ejemplo citado es una redada en Chicago con 614 detenidos, de los cuales ninguno enfrenta cargos por homicidio o violación, pese al discurso oficial de que se capturan “asesinos y violadores”.
A ello se suman señalamientos de posible corrupción y uso indebido de recursos públicos, incluyendo presuntos beneficios a empresas cercanas mediante contratos federales y el uso de activos oficiales, como un avión de la Guardia Costera, con fines políticos. Más de 70 congresistas demócratas respaldan ya el impeachment, y líderes como Hakeem Jeffries han advertido que, si el Ejecutivo no la remueve, impulsarán el proceso hasta sus últimas consecuencias.
Organizaciones y legisladores latinos consideran que una eventual destitución enviaría un mensaje político contra tácticas migratorias extremas y abriría espacio para mayor supervisión sobre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, aunque advierten que el cambio real requiere reformar las leyes y prácticas que permiten redadas indiscriminadas y perfiles raciales. Para grupos como Poder Latinx y figuras como la congresista Delia Ramírez, el caso puede sentar un precedente: demostrar que el racismo, el abuso de poder y las mentiras al Congreso pueden derivar en sanciones concretas, desde la remoción del cargo hasta posibles investigaciones penales.
