Yurisha Andrade Morales*
El domingo 4 de junio de este año habrá elecciones en Coahuila y Estado de México para renovar gubernaturas y el congreso local de Coahuila y, pese a que la deliberación pública sigue atenta a la entrada en vigor de la reforma electoral y las impugnaciones interpuestas ante diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, no debe pasar desapercibido que el 19 de enero, en la ciudad de Toluca, se reunieron las autoridades electorales federales y estatales, administrativas y jurisdiccionales, así como titulares de poderes locales, representantes de partidos y organizaciones civiles y ciudadanas para suscribir un acuerdo que garantice la integridad de las elecciones en curso.
El hecho es relevante si consideramos la efervescencia y polarización que vive el país y, sobre todo, que los comicios en ambas entidades son el preámbulo de la sucesión presidencial en 2024. Cada que se organiza un proceso electoral es loable que se firmen pactos o acuerdos de esta naturaleza que tienen múltiples expresiones y destacados esfuerzos para lograrlos por la vía del consenso.
La expresión, o el concepto de integridad electoral, tiene importantes desarrollos conceptuales en la actualidad. Destaca que ya en 2012 un informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad de la ONU señala que la integridad electoral está concernida con “elecciones basadas en los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política consagrados en normas y tratados internacionales, cuya preparación y gestión son profesionales, imparciales y transparentes durante todo el ciclo electoral”. https://aceproject.org/ace-es/topics/ei/onePage
Si revisamos con detenimiento la evolución del sistema electoral mexicano, a la luz de la noción apuntada por la Comisión, podremos observar cómo los principales esfuerzos realizados en las últimas tres décadas, tanto por actores políticos responsables de formular las normas electorales, como de ciudadanía, instituciones y academia, se han orientado a la construcción de un Estado de derecho que reconozca y haga efectivos nuestros derechos político electorales y la justicia electoral, con una visión progresista e incluyente.
Para ello, ha sido necesario construir un andamiaje institucional que permita la organización de elecciones periódicas, íntegras y creíbles. Como muestra están los institutos y tribunales electorales que se integran con personal profesional y tienen a su cargo la organización de los procesos electorales y el respectivo control de la legalidad. Es claro que estas instancias se rigen por principios constitucionales que los obligan a actuar con máxima publicidad y con apego al principio de certeza.
Organizar elecciones con integridad, también supone el apego de las autoridades y actores políticos a principios éticos de cuya observancia depende la confianza de las y los electores. Igual son indispensables reglas que garanticen una competencia equitativa en canchas parejas, donde cualquier candidato pueda ganar, con la única condición de obtener la mayoría de los votos, que deben recibirse y contabilizarse conforme a los procedimientos establecidos en la ley y con la posibilidad de que sean impugnados ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
En mi opinión, uno de los mayores compromisos que tenemos las autoridades electorales está en propiciar la confianza ciudadana en los comicios, razón por la cual, resulta pertinente que el INE haya participado, la semana pasada, en la reactivación de la red global para asegurar la integridad electoral en la que participan diversas organizaciones que defienden la viabilidad y el perfeccionamiento de la democracia.
Como concepto, integridad electoral pareciera lejano, más en el ámbito y actuación de los actores políticos, pero corresponde, sin duda, a una de las principales características que debe actualizarse en el comportamiento de las autoridades electorales. Son los tribunales y los institutos electorales, quienes están obligados a revisar que las conductas de partidos y candidatos se apeguen a los mandatos de la ley, pero también a los principios y valores que promueve la democracia.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
