Yurisha Andrade Morales*
En plena conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente de la república presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas, 18 de rango constitucional y 2 a leyes secundarias. En materia electoral retoma diversos aspectos de la iniciativa contenida en su plan A, del mes de abril de 2022, proponiendo modificaciones que, de aprobarse, implicarían cambios sustantivos al sistema electoral mexicano.
La conversión del Instituto Nacional Electoral en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas ocupa un espacio central en la propuesta presidencial porque, de nuevo, plantea la desaparición de los 32 institutos estatales electorales, cuyas funciones serían absorbidas por la nueva institución. Como un efecto directo de este ajuste, también serían suprimidos los tribunales estatales electorales, lo cual determinaría la centralización total de la organización de las elecciones, del control de su legalidad y del arbitraje correspondiente.
Otra propuesta significativa está en que las consejerías y magistraturas, tal y como se propone para jueces, juezas, ministros y ministras, se elijan por voto popular. Ello nos llevaría a un modelo donde las listas de las y los aspirantes a estos cargos serían integradas por los poderes públicos, a que se realicen campañas y a que exista una especie de programa o plataforma que se oferte a la ciudadanía para que ésta decida a qué opciones apoyar. Como lo he señalado en otro momento, en el continente americano, con sus matices y con resultados específicos, este modelo solo ha operado en Bolivia y en los Estados Unidos.
En lo referente al financiamiento público de los partidos políticos, en la iniciativa se plantea reducir a la mitad lo que actualmente reciben, tanto para actividades ordinarias como para las campañas. Aquí, el presidente toca otro de los temas que mayor polémica han generado a lo largo del tiempo y que han colocado a los partidos en la obligación de pronunciarse a través de sus grupos parlamentarios. Considero que una disminución sería viable, siempre y cuando se observen aspectos que permitan a estas instituciones políticas cumplir sus fines, pero es un hecho que la sociedad mexicana apuesta por una reducción de sus costos y por una democratización de su vida interna.
La iniciativa retoma propuestas para fortalecer derechos políticos al plantear que se reconozcan como sujetos de derechos a los pueblos y comunidades indígenas, tema con el que debe haber coincidencia, más allá de la igualdad constitucional que para todas y todos ya está planteada en la Constitución. Se propone modificar el sistema electoral desapareciendo las diputaciones y senadurías de representación proporcional y estableciendo, como se propuso en 2022, criterios cuantitativos para definir el universo máximo de diputaciones en los congresos locales y en la integración de los cabildos.
En mi opinión, más allá de la deliberación sobre la pertinencia del momento político en el que se están presentando las iniciativas, debe procederse a una revisión cuidadosa en el congreso de cada una de ellas. Tomar en consideración los diagnósticos técnicos de las autoridades correspondientes y revisar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de las sentencias que resolvieron las acciones de inconstitucionalidad sobre el llamado plan B.
México precisa de una normativa electoral más actualizada, coincido en ello; de una revisión de los nuevos problemas y escenarios que se han presentado en la política nacional y en las entidades federativas. Modificar las reglas del juego político también requiere el consenso de todas las fuerzas políticas, en un debate público y de cara a la nación. Solo así lograremos que las reformas electorales continúen siendo un elemento fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y de los derechos políticos que tenemos reconocidos en nuestra Carta Magna.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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