
El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien este jueves llegó al Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, de la capital mexicana, fue trasladado al Reclusorio Sur, donde tendrá una audiencia.
El juzgado 8 requiere la presencia de Padrés para que comparezca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos, por los que se le acusa.
El panista arribó tras una entrevista radiofónica a las 9:50 horas de este jueves y escoltado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para garantizar su ingreso al inmueble.
En el Juzgado 12 permaneció en espera de la resolución del proceso en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Al exgobernador de Sonora, se le detectaron cuentas bancarias por un monto de 8.8 millones de dólares en el extranjero, informó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR).
LOS CARGOS CONTRA PADRÉS
¿De qué es acusado?
La evasión. Está acusado de defraudación fiscal equiparada, en la modalidad que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos conforme a las leyes.Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis, fracciones I y II del Código Penal Federal
La niñera presa. También es investigado en Sonora por delitos del fuero común como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Según la demanda, Padrés y 20 exfuncionarios retuvieron a su niñera Gisela Peraza, durante varias horas en la residencia oficial, la acusaban de robo.
La presa. En 2014, tras el derrame tóxico en Sonora, provocado por el Grupo México, se detecta una presa con un acueducto que daba al rancho “El Pozo Nuevo” propiedad del exgobernador, al desatarse el escándalo presuntamente dinamitó la presa.
La auditoría. El gobierno de Padrés fue auditado; la Contraloría inició más de mil procesos administrativos al detectar un desfalco de más de 30 mil millones de pesos, por lo que también podría ser castigado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo que dure en prisión.




