Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de junio 2016 (Noticias México).- Los centros de asistencia social, como muchas escuelas, también son lugares donde con frecuencia se agrede, viola y abusa de niñas, niños y adolescentes. Para que los mismos afectados puedan denunciar, el diputado Rafael Hernández Soriano urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías estatales a instituir protocolos específicos.
Apuntó que, como en los casos de la “Guardería Montessori Matatena” y el kínder “Emma Willard”, en los centros de asistencia social para menores hay desatención, olvido, abandono y hasta complicidad por parte de los diversos órdenes y niveles de gobierno, lo que se traduce en falta de supervisión y control hacia tales sitios.
Así lo evidenciaron “Casitas del Sur” y “La Gran Familia”, albergues como los cuales hay muchos más en el país. Tan sólo en Michoacán –dijo Hernández Soriano- 121 de los 359 existentes ahí son considerados “focos rojos” por carecer de estándares mínimos de seguridad, higiene, control y atención.
De “Casitas del Sur” –recordó-, a partir de la desaparición de la niña Ilse Michel en la Ciudad de México, se descubrió en 2009 la de otros 26 niños de albergues afiliados a esa institución en la misma capital, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo, tras lo cual fueron rescatados 126 infantes para evitar que corrieran la misma suerte.
En el caso de “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán, la mayoría de 174 niñas y 278 niños de entre tres y 17 años de edad rescatados denunciaron que los responsables del lugar, encabezados por Rosa Verduzco Verduzco, alias “Mamá Rosa”, los sometían a vejaciones, abusos sexuales, y maltratos físicos y sicológicos.
De ahí también fueron recuperados seis bebés de entre dos meses y dos años de edad, así como 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años.
Hernández Soriano pidió al Congreso de la Unión no incurrir en una desatención semejante y, por el contrario, actuar en el ámbito de sus facultades para exhortar a las mencionadas procuradurías a establecer los protocolos pertinentes a fin de que niñas, niños y adolescentes puedan denunciar casos de violencia sexual en escuelas e instituciones de asistencia social.
Aunque no hay datos exactos y globales sobre esta problemática, señaló que su gravedad debería orillar a todas las instancias del Estado Mexicano a actuar tal como la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos al emitir su recomendación general 21 a todos los ámbitos de gobierno para prevenir, atender y sancionar estos casos de violencia sexual.
Recordó que la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato son donde más se han cometido, pero aclaró que no son los únicos.
Por ejemplo, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Junta de Asistencia Privada de Michoacán las que advirtieron que, de 359 albergues donde se atiende mil 686 niñas, niños y adolescentes, 121 son considerados “focos rojos” al incumplir los estándares mínimos de seguridad, higiene, control y atención.
Para el Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, espacios de cuidados alternativos para infantes, como los albergues, no son los ideales para su desarrollo, pues carecen de recursos humanos y materiales para su resguardo atención, educación, afecto, seguridad, respeto y protección.
Por eso, si se han de usar, debe ser en casos extremos, una vez agotadas otras medidas y bajo la más estricta supervisión y vigilancia institucional. Además, su uso debe ser en estricto apego a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en apego al interés superior de la infancia.
0-0-0
