Yurisha Andrade Morales
La crisis que vive el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por la falta de designación de una parte de comisionados, obliga a una reflexión que formulo en mi carácter de ciudadana y desde la perspectiva de mi experiencia en los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, y no como especialista en transparencia y rendición de cuentas.
En el transcurso de las últimas dos décadas, la transparencia de los actos de los aparatos administrativos y ahora de entes privados, en especial la forma en la que se aplican los recursos públicos ha constituido uno de los impulsos más relevantes para el fortalecimiento de nuestra democracia. Luego de las reformas electorales de 1990, 1993, 1994 y 1996, acceder a la información que generan los entes públicos, la forma en la que toman decisiones y aplican el dinero público, ha significado otro peldaño en la transición política mexicana.
La transformación del régimen político ha exigido la formación y participación de una ciudadanía que asuma que su rol en democracia no se reduce al ejercicio del derecho al sufragio, al derecho a votar para elegir gobernantes e integrar los órganos de la representación política, sino que puede ejercer una función de control en el ejercicio del poder y en la ampliación de los derechos políticos, para lo cual necesita informarse sobre los asuntos que atañen a la colectividad.
El voto depositado en las urnas no significa que la participación ciudadana concluye ni tampoco que las personas y partidos que alcanzan los triunfos obtienen un cheque en blanco para hacer y deshacer en nombre del pueblo, dado que su primera responsabilidad pública consiste en sujetar su comportamiento al Estado de derecho, diseñar programas de gobierno que beneficien a todos, con independencia de sus preferencias ideológicas y políticas y, sobre todo, están obligados a administrar con racionalidad, imparcialidad y transparencia los recursos públicos que se les asignen.
Las elecciones constituyen el mecanismo más aceptado de renovación del poder público en democracia, son el medio legítimo que genera relaciones y compromisos mayores entre los elegidos, quienes deben asumir que están obligados a rendir cuentas, y sus votantes, quienes, a su vez, deben hacer suyo el principio de que tienen derecho a pedir cuentas.
De esta manera, desde 2002, cuando inició la emisión de las leyes de acceso a la información pública y la construcción de los correspondientes andamiajes institucionales, se han registrado avances significativos en el empoderamiento de las y los ciudadanos, en la lucha en contra de la corrupción y para sancionar a servidores públicos que desvían recursos o los roban. La transparencia y la rendición de cuentas, después de múltiples esfuerzos de la ciudadanía y de sus organizaciones, se han convertido en herramientas eficaces para controlar o castigar excesos en el ejercicio del poder.
Sin estos instrumentos no se hubieran ventilado asuntos lamentables como los que se conocen públicamente como la “llamada casa blanca” o la “estafa maestra”; o más recientemente, lo que está ocurriendo en SEGALMEX o la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, metro, que requieren aclaraciones, porque están involucrados recursos públicos y decisiones tomadas por servidores públicos pertenecientes a diversos partidos políticos.
Considero, de nuevo, que el funcionamiento adecuado de la democracia mexicana precisa de que sus instituciones dispongan de los recursos necesarios, pero también que estén integradas conforme a lo que determinen las legislaciones que las rijan. El INAI necesita de sus comisionados para poder cumplir el arbitraje que tiene encomendado y seguir ofreciendo garantías para que las personas puedan acceder con oportunidad a la información que necesiten. Para avanzar, nuestra democracia requiere erradicar la opacidad e implantar, en forma definitiva, la transparencia y la rendición de cuentas.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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