Jaime Darío Oseguera Méndez
En materia política siempre es de utilidad voltear hacia atrás. No es manía del ocio ni el ejercicio de los masoquistas. Los historiadores, decía Paz, son los profetas del pasado.
La gimnasia de la retrospectiva permite otear desde el presente, lo que se hizo bien; el lugar de origen de las decisiones, los errores y, cuando se hace como un ejercicio constructivo, permite pensar, hipotéticamente, de manera contrafáctica en lo que pudo haber sido si las cosas se hubieran hecho diferente.
¿Qué pasaría si no tuviéramos el Tribunal Electoral de la Federación? O tal vez es mejor plantearlo de otra manera ¿Qué pasa si lo desaparecemos? ¿Qué lo sustituiría? ¿Es esto posible? ¿Deseable?
El tema, como muchos de nuestro entorno, es descriptivamente simple. Su complejidad reside en las consecuencias.
Todo viene al caso por el grave y creciente pleito que se ha generado entre los magistrados integrantes del TRIFE. Preocupante para la vida democrática. Más en la antesala del proceso electoral del 2024 que ya está caminando.
En un primer momento, hace unos meses, fue motivo de alarma que el Presidente de la República expresara sus diferencias públicas tan marcadas, sustantivas con el Tribunal y éste fuera destino de los más venenosos dardos. El actor contra el sistema. El jugador contra el árbitro.
Cuándo se descalifica al árbitro, el juego está en riesgo porque los resultados de la elección suelen no ser creíbles. Ese fue el primer momento en este deterioro sustantivo, lamentable y peligroso que está viviendo como tobogán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sucedió lo indeseable: la pugna política entre dos bandos se trasladó al interior de una de las instituciones más importantes del país. Hoy el TRIFE que debería ser el fiel de la balanza, puede poner en peligro la elección.
Seríamos muy dramáticos si decimos que la democracia mexicana toda está en riesgo. Hace falta menos drama y más razón en nuestro vecindario político. Es más exacto decir que la disputa en el TRIFE nos pone al borde de una crisis de constitucional que podría echar para atrás muchos de los grandes avances de nuestro sistema democrático.
Si volteamos para atrás por un instante, vemos el país de hace apenas un cuarto de siglo y recordamos que los medios, los partidos, los gobiernos y los candidatos estaban menos controlados y limitados que hoy. Ha cambiado el sistema por las instituciones que nos dimos a lo largo del tiempo. No es la hora de echarlas a la basura o destruirlas.
En la democracia siempre son buenos los posicionamientos; se agradece y es mejor que los actores políticos sean claros y tengan la fuerza suficiente, inteligencia y capacidad como para saber cuáles son sus preferencias, filias, fobias y que no sean anodinos, andándose por las ramas en el lugar común.
Sn embargo, los políticos no pueden dedicarse a destruir las instituciones. Sin ellas no hay democracia ni desarrollo o bienestar posible.
En su interesante, texto sobre la diferencia en el desarrollo de las naciones, los profesores, Acemoglú y Robinson, a quienes me gusta mucho citar por la trascendencia de sus planteamientos, estudian el caso de las ciudades de Nogales, tanto en Arizona como en Sonora, que siendo la misma región, contando con el mismo clima, tipo de suelo, origen étnico, capacidades productivas, inclusive los habitantes suelen ser familiares y tienen más o menos las mismas orientaciones religiosas y políticas, sin embargo, las dos ciudades aparecen con muy diferentes niveles de desarrollo.
La respuesta, por la que Nogales, Arizona, es mucho más próspero que su espejo en Sonora, dicen los autores, se encuentra en las instituciones que tiene cada uno de los dos países.
Realmente no se trata de un tema de malinchismo, ni de menosprecio hacia lo que tenemos en el país. Las instituciones son formas de actuar, generan incentivos, provocan mecanismos para que los ciudadanos sepan la manera en que deben conducirse y por lo tanto qué esperar de ellos mismos, de sus transacciones económicas, y también de su gobierno.
En el caso en que los contratos de cualquier naturaleza no se cumplieran, en este caso las elecciones, las instituciones deberán intervenir y mediar: resolver el problema repartiendo el conflicto. Para eso están las instituciones políticas para distribuir el poder al menor costo político.
Las instituciones pueden verse en múltiples perspectivas. Douglas North las ve como las reglas del juego. Los economistas las definieron como el conjunto de hábitos que hacen funcionar al estado. Son las costumbres de pensamiento que conducen a las acciones colectivas, dando sentido a la identidad común a través de reglas y orden.
En resumen, sin instituciones fuertes no hay progreso.
Todo eso es el TRIFE aunque estuviera integrado por gente indeseable. No deberá asustar a nadie el hecho de que sus integrantes piensen diferente o sean diametralmente opuestos. Esa es la naturaleza de los órganos colegiados.
Tres de los cinco Magistrados, los más cercanos al gobierno, obligaron al Presidente del TRIFE en turno a renunciar supuestamente por malos manejos y decisiones indebidas. Si es así deberá ser sancionado. Lo que realmente está en juego, es el control de las decisiones sobre la elección.
En este momento el TRIFE decidirá sobre las impugnaciones que generen los procesos internos de selección de candidatos. Una tarea monumental si se considera que ahí puede estar el equilibrio de ambos bandos: las alianzas del gobierno y opositora, de cara al 2024. Eso es lo que está en juego y ya se exhibió quien tiene la mayoría.
Después vendrá la calificación de la elección. La cereza en el pastel. Por eso es claro: debilitar al TRIFE como al INE es un atentado contra la democracia misma. En este momento, las instituciones electorales son el eje central de nuestro futuro como país. Hay que fortalecerlas, vigilarlas y conservarlas a costa de lo que sea. Es lo que hay. Ya después vemos, dijo el ciego.
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