El Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla ha enviado al Congreso el proyecto de presupuesto que se ejercerá en Michoacán en el año 2023 y vale la pena desmenuzar algunos detalles de su contenido.
Es un ejercicio democrático y republicano del más alto contenido, el hecho de que sea otro poder, el legislativo, quien analice las prioridades del ejecutivo y le asigne recursos; es justamente la balanza del sistema: el contrapeso entre poderes. Falta que el legislativo realmente analice los propósitos y ejerza su función presupuestaria.
Entre tantos gritos, patadas y sombrerazos, no se ve mayor capacidad de análisis en el Poder Legislativo. Estos son los momentos para que se conviertan en una Cámara, no una camarilla de diputados.
Destacan varios asuntos en el presupuesto. La decisión de aumentar o no los impuestos siempre está en la discusión de las políticas públicas.
Impopular pero siempre tentadora, la decisión de subir la tasa impositiva para mejorar la recaudación, es en general el trabajo más sencillo que marca el manual.
En época de post pandemia, ante las grandes y graves necesidades de reactivación de la economía, hay que reconocer el esfuerzo financiero que realiza el estado para no caer en la tentación de aumentar impuestos.
Se ha anunciado también que no habrá nuevas cargas tributarias. Hemos discutido hasta la saciedad en los ámbitos académico y político, la manera en que los impuestos se cargan a los contribuyentes seguros, los que siempre pagan, quienes hacen un esfuerzo por estar en la formalidad y sobrevivir a todo tipo de crisis.
Por eso se reconoce que no sea el camino fácil de subir impuestos, el elegido en este momento. Todos los gobiernos necesitan dinero. Las necesidades aumentan junto con las exigencias.
El punto es de qué manera se distribuye lo proyectado. El asunto es muy sencillo: si ingresa más dinero del que se gasta entonces hay posibilidades de inversión. Si se gasta más de lo que se tiene, en cualquier familia, empresa o gobierno, no habrá buenas perspectivas de futuro. El problema sigue siendo el déficit. Reducirlo es una tarea de alta cirugía política.
También se ha anunciado que no habrá nueva deuda. Ese es el tema central de los últimos veinte años en Michoacán. Es el gran enigma.
Nadie se atreve a decir a ciencia cierta el monto total de la deuda. Tanto de la que se encuentra registrada en el sistema financiero como la que se tiene con proveedores y terceros diversos por parte del gobierno. Todo mundo sabe que existe pero nadie sabe cuanto es.
Hay que reconocer y aplaudir el esfuerzo de no contratar mas deuda ni aumentar o crear nuevos impuestos.
Seguramente estaremos en presencia de apoyos importantes de la federación principalmente en materia de obra pública. Michoacán tiene un retraso sustantivo en infraestructura. No es reversible en un año o sexenio, pero justamente se pueden sentar las bases para un desarrollo programado en materia de obra pública.
El propio Gobernado anunció que se contempla una bolsa del 18% adicional en este rubro para los municipios. Habrá que tener todos los cuidados.
Se corre el riesgo de que gran parte de ese dinero se gaste en administrarlo; es decir, en dar chambas y aumentar el gasto corriente.
Que importante será un plan estratégico para que esos recursos no se fragmenten ni se dilapiden en las ocurrencias de los alcaldes, sino en obras multianuales para financiar proyectos metropolitanos y regionales como lo ha anunciado el Gobernador. Es la mejor decisión.
El problema de fondo para los ayuntamientos es su baja capacidad técnica para administrar recursos. No hay fortalezas institucionales para recaudar.
La gran mayoría funcionan casi a la suerte de la Ley de Herodes.
En este país, a pesar de que han gobernado las tres tendencias ideológicas, los estados y ayuntamientos siguen recibiendo una ínfima parte del presupuesto que ejerce la federación.
Somos centralistas en la médula, aunque digamos lo contrario. Es parte de una tradición histórica.
Cada que se presenta un presupuesto es la oportunidad de ir redireccionando lo que se ha hecho mal.
Hubo una época en que se priorizaron los acuerdos entre los municipios para los programas de obra. El gobierno recopilaba desde los municipios las demandas de obra regional y ponía de acuerdo a los ayuntamientos para que entre todos aportaran un porcentaje que el Estado complementaba, de manera que se hicieran obras de impacto para las regiones.
Se trata de carreteras, caminos, infraestructura urbana. No se cuantos años hace que no se realice una gran obra con recursos estatales.
La preocupación de fondo en la visión regional, es que el dinero no se gaste solamente haciendo calles y banquetas que es lo que les gusta a los presidentes municipales.
Si, el municipio es autónomo y maneja su hacienda con libertad. Se supone que hacen sus planes de desarrollo y los deberían estar aplicando. Todo eso suena muy bonito pero en la realidad es el caldo de cultivo para el desastre financiero y la falta de obra que padecemos, para no hablar de la corrupción y la altísima ineficiencia en la gran mayoría de los municipios.
La solución es conducirlos y organizarlos con programas y mezcla de recursos que potencien lo que van a hacer en lugar de que se lo gasten comprando camionetas de lujo.
Lugar aparte merece la reflexión sobre los recursos para seguridad. Esos se tienen que mover con un plan, estrategia y supervisión. De otra manera, simplemente será transferir dinero del bueno a los malos.
Gastar dinero es fácil. Más cuando es ajeno. Hacerlo bien es la virtud. Con sentido estratégico y objetivos claros, de largo alcance. Ver lo urgente sin descuidar lo importante.
Los criterios generales que ha propuesto el Gobernador son alentadores, sensatos, inteligentes. Es tiempo de ser optimistas.
