La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa de reforma electoral se presentará en este mes de febrero al que le quedan doce días calendario, en un contexto de intensa deliberación con los partidos aliados del morenismo, los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, cuyas dirigencias nacionales han expresado diferencias que parecieran irreductibles con dos temas: la reducción del financiamiento público y la disminución o supresión de los asientos de representación proporcional en los congresos, los llamados “pluris”.
Más allá de los contenidos que se incluyan en la iniciativa presidencial, debemos continuar la deliberación pública del tema legislativo más relevante del inicio de 2026. Estamos en la antesala de una reforma a las reglas del juego político electoral que ha modificado el método para su procesamiento aceptado por los actores políticos, al menos en los últimos treinta y cinco años, me refiero al método del consenso y a la construcción de acuerdos que han buscado puntos de equilibrio entre todas las posturas. En esta ocasión, la primera mandataria decidió impulsar la reforma desde el poder y no, como lo demuestra la historia reciente, a partir de los opositores políticos o de las organizaciones ciudadanas.
Si bien no se ha dado a conocer la iniciativa, vale afirmar que se conocen los contornos y los objetivos generales expresados por la presidenta y por diversas voces de la 4T, así que, previo a la discusión y aprobación de los órganos legislativos, expreso otras reflexiones que podrían apoyar la deliberación pública actual. Lo primero es que no debemos olvidar que las reformas electorales anteriores han implicado avances y fortalecimiento de nuestros derechos político-electorales, pero también han fortalecido las bases para garantizar la celebración de elecciones íntegras y auténticas, con contendientes que han gozado de condiciones de equidad y con el arbitraje de autoridades electorales que han acreditado eficacia operativa y comportamientos imparciales.
A grandes pinceladas recordemos que, desde 1977, la Constitución reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y determinó que la representación política incluiría 100 diputaciones de representación proporcional para darle voz e integrar a todos los segmentos de la sociedad y a todos los partidos políticos; en 1986 las curules de RP crecieron a 200 y se creó el primer Tribunal de lo Contencioso Electoral, que sentó las bases para iniciar la transición de un modelo de calificación política de las elecciones a uno de tipo jurisdiccional; en 1990 la reforma electoral creó al IFE iniciando la ruta de la ciudadanización y transformó al órgano jurisdiccional para crear al Tribunal Federal Electoral; en 1996 en la presidencia del IFE se retiró al Secretario de Gobernación y se llevó a ciudadanos reconocidos como consejeros electorales a ser los únicos que votan decisiones que rigen la organización de las elecciones, mientras que el Tribunal se incorporó a la estructura del Poder Judicial y se fortaleció el sistema de medios de impugnación; en 2005 se introdujo el voto de los mexicanos en el extranjero; en 2007 se avanzó en la paridad de géneros, se introdujo un mecanismo más equitativo de comunicación política y se prohibió el uso de recursos públicos en las contiendas y se obligó a los servidores públicos a conducirse conforme con el principio de neutralidad; y en 2014 se incorporó el actual sistema nacional de elecciones que concede rectoría al INE y delimita con claridad las funciones de los órganos nacionales y de los institutos electorales locales en una sinergia virtuosa que ha avanzado en calidad técnica y cobrado prestigio sólido a nivel internacional.
El sistema electoral mexicano es un patrimonio político de las y los mexicanos que debe preservarse, con independencia de los colores partidarios de los gobiernos en turno; visibles están los resultados y las ventajas de un modelo que ha contribuido a generar confianza, estabilidad política y paz social, en los ámbitos nacional y de cada uno de los Estados de la República. La reforma electoral debe ser por consenso de todas y todos y apuntalar con visión progresiva los logros que hemos tenido, ninguna reforma debe implicar pasos hacia atrás, todo lo contrario, debe caminar en la ruta de perfeccionar nuestra democracia, ensanchar nuestros derechos, fortalecer la imparcialidad de las autoridades electorales y garantizar contiendas cada vez más equitativas.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
