Reportaje de Rodrigo Caballero para laceiba.lat
Michoacán, México.− Lo que comenzó como un intento por controlar el avance de la llamada narcocultura y la normalización de la violencia terminó por crear una de las amenazas más fuertes a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación en el estado de Michoacán.
Cuando los diputados de la LXXVI Legislatura aprobaron la reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán, abrieron la puerta para que el Ministerio Público pueda catalogar las expresiones de activistas, artistas, periodistas y de la población en general como un delito.
Se trata de un nuevo delito que criminaliza las ideas, las expresiones artísticas, comunicativas y críticas con penas de hasta seis meses de cárcel, como han denunciado activistas de colectivos en defensa de la libertad de expresión en Michoacán.
La ambigüedad en la redacción de la ley, el carácter punitivo de la iniciativa y la opacidad en el proceso de aprobación generan dudas en torno a cuál es la verdadera finalidad de este nuevo delito: ¿acabar con la glorificación de la delincuencia o coartar el debate público y la oposición a las posturas morales del gobierno en turno?
Las dudas se vuelven aún más grandes cuando este nuevo código se aprueba en medio de una oleada de leyes que poco a poco van minando la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa en otros estados de la república mexicana y en la federación.
En todas las instancias, las reformas comenzaron con buenas intenciones, como fue en el caso de Puebla, en donde se buscaba combatir el acoso infantil en redes sociales, o en el de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pretendía garantizar seguridad y procuración de justicia a nivel nacional.
Sin embargo, los resultados son preocupantes para activistas, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, quienes cuestionan que estos nuevos instrumentos legales puedan ser utilizados para controlar las críticas y la libre expresión de las ideas, debido a la ambigüedad con la que fueron redactados.
Del corrido alterado a alterar la ley
Cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lanzó su decreto para prohibir los narcocorridos en eventos públicos del estado, lo hizo bajo la premisa de que este género musical promueve a grupos delictivos, alude a líderes criminales y fomenta la apología del delito.
A través de su conferencia matutina de los lunes -que emula el programa Mañanera del pueblo del Gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo- aseguró que el 71 % de la población en el estado estaba de acuerdo con esta medida.
Según la encuestadora Enkoll, citada por el gobernador, el 60 % de los michoacanos consultados estaba a favor de la prohibición de estos corridos en ferias, palenques y conciertos, y el 72 % consideraba que estas canciones sí afectaban a los jóvenes, a quienes buscaba proteger.
La medida entró en vigor el jueves 17 de abril de 2025 y consideraba multas, cancelaciones, clausuras y eliminación de permisos para eventos. Sin embargo, artistas como Los Alegres del Barranco promovieron y ganaron medidas legales para contrarrestar los deseos de Ramírez Bedolla.
En ese momento, el decreto del gobernador quedó corto y comenzaron los trabajos para una reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán que buscaría erradicar estas expresiones musicales de manera definitiva, con la creación de un nuevo delito.
Así nació la Apología del Delito, una nueva categoría penal que castiga la “glorificación” o “defensa” de actos criminales específicos, o de quienes los perpetran, con penas que van de tres a seis meses de prisión y una multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre nueve mil y diecisiete mil pesos (450 y 850 dólares).
Con esta medida el Poder Ejecutivo consuma el impulso de la “Cultura de la Paz” creada por el Gobierno federal y llevada a cabo en gobiernos estatales del partido Morena, el cual gobierna el país y veintitrés de los treinta y dos estados de la república mexicana.
La duda ofende
El encargado de la Consejería Jurídica del estado de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, se ha negado a responder las dudas con respecto al proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo promovió para modificar el Código Penal, alegando mucho trabajo en otras iniciativas del Gobierno del estado.
Sin embargo, ante la insistencia envió un documento de cinco páginas titulado Justificación apología del delito, en donde intenta aclarar algunas de las preguntas que surgieron tras la creación de este nuevo delito, sobre todo la preocupación de los periodistas de que se utilice como arma política para perseguir a la disidencia.
“El objetivo de esta iniciativa es sancionar la aprobación pública de conductas delictivas específicas, siempre que dichas acciones estén claramente tipificadas como delitos y representen una amenaza real para el orden jurídico establecido”, apunta el documento.
“Lejos de constituir un atentado contra la libertad de expresión, la tipificación de este delito responde a la necesidad de salvaguardar bienes jurídicos fundamentales, tales como la tranquilidad, la salud, la vida, la libertad, la integridad y los derechos humanos”, concluye.
Sin embargo, las dudas fundamentales no se han disipado, por ejemplo, quién decide qué es la “tranquilidad”, a quién busca “salvaguardar” esta ley, cómo se comete una “aprobación pública” de conductas delictivas y, sobre todo, qué implica ser un “instigador”, que es la nueva figura creada dentro de la reforma, muy diferente al autor y partícipe de un delito que sí está tipificado y explicado en el Código Penal.
“La ambigüedad no es intencional, más que combatir el tema de la apología, en la ley no se alude al tema de los narcocorridos, que fue el motor de toda la discusión a nivel nacional, pero sí se alude a las ideas, viene el término ‘ideas’, obviamente la intencionalidad clara es invisibilizar el fenómeno delictivo, porque cualquier alusión puede ser tomada como apología”, denunció Patricia Monreal Vázquez, periodista y vocera del colectivo #NiUnoMás
“Me parece que es erróneo tratar de controlar una manifestación cultural a través del Derecho Penal”, dijo Carlos Montiel Chávez, abogado penalista y profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quien aseguró que esta debería ser la última instancia por tratarse de una medida absolutamente punitiva.
El profesor de Derecho Penal aseguró que esta nueva ley deja abiertas muchas preguntas que tendrán que irse contestando conforme se abran carpetas de investigación en contra de las personas: ¿Qué conductas se castigan? ¿Cuál es la función social que tiene? ¿Qué es lo que se quiere proteger? y ¿Quién define los límites de esta conducta?
En esencia, aseguró el penalista, se trata de una “ley en blanco”, donde los detalles de la conducta delictiva se desarrollarán a discrecionalidad del Ministerio Público cuando abra carpetas de investigación, y de lo que resuelvan los jueces, ya en los procesos judiciales.
Y en la radio un cochinero…
Los mensajes en los radios denotaban el nerviosismo de los policías auxiliares en torno a la protesta de decenas de periodistas en la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Michoacán, donde el 28 de mayo de 2025 se aprobó la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.
La manifestación de la prensa, que por minutos tomó el estrado del Poder Legislativo, era contra la aprobación del nuevo delito, pero además era por la premura y la opacidad con la que los legisladores actuaron para que el sueño del gobernador se convirtiera en realidad.
Durante un tiempo los diputados locales prometieron llevar el proceso a través de un parlamento abierto, donde habría foros y discusión pública mientras la iniciativa se analizaba en comisiones. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
Lo que sí pasó fue que el Legislativo envió la orden del día con los temas a discutir para la sesión ordinaria y después -horas antes de la sesión- envió un alcance que incluía la aprobación de la reforma al artículo 24 del Código Penal, una vieja práctica que se conoce como “albazo legislativo”.
La periodista Patricia Monreal Vázquez aseguró que las protestas que encabezaron ese día reclamaban los términos en los que buscaban aprobar la reforma, pero también las formas en las que impulsaron el proyecto de ley, denotando la falta de apertura del Poder Legislativo.
“Al ver ese alcance nos comunicamos vía mensaje con los diputados para preguntar qué pasó con el parlamento abierto», aseguró la periodista. Y concluyó:
“La que respondió fue Fabiola (Alanís del partido Morena) diciendo ‘pues si quieren nos juntamos ahorita’, obviamente con una falta de seriedad y formalidad total”.
Hasta el momento, Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, no ha aceptado dar su versión de los hechos, a pesar de que se le ha solicitado una postura al respecto en varias ocasiones.
Incluso, los mismos legisladores se quejaron de los términos y los tiempos en los que se llevó a cabo la aprobación, entre ellos la diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez, quien se unió al reclamo de los comunicadores tapándose la boca con la leyenda “que hable Michoacán”.
“Yo sí levanté la voz y me llama la atención que no me hayan convocado a esta reunión, donde dictaminaron esta iniciativa que, es importante decirlo, tal cual la mandó el Ejecutivo pasaron el dictamen; que aquí en el pleno se hizo una reserva es diferente, pero lo demás pasó tal cual”, aseguró.
“Nosotros obviamente la votamos en contra” −subrayó la diputada−, “advertimos demasiada ambigüedad en la tipificación del delito, violando demasiados preceptos legales en materia penal, es que debe de existir el delito tal cual, y no está así, queda al arbitrio del juzgador y de fiscalía”.
Luego de las protestas y tras el ruido que generaron a través de redes sociales, los diputados promovieron una nueva modificación al artículo 163, el cual excluye a los periodistas de las consecuencias de la reforma, una reserva impulsada por la diputada Sandra Arreola del Partido Verde, aliado de Morena.
“Quedan exceptuados de lo establecido en el artículo anterior y en la fracción IX del artículo 24, quienes informen en cualquier medio de comunicación, en ejercicio legítimo de su profesión u oficio periodísticos, atendiendo al derecho a la información”, concluye el artículo 163.
Sin embargo, tanto periodistas como juristas consideran que la reserva es solamente un “parche” que no soluciona de fondo el problema de la reforma y que únicamente sirvió para convencer a varios diputados indecisos para que la modificación se aprobara con veinticuatro votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
El abogado Carlos Montiel Chávez detalló que la reserva promovida “de bote pronto” condiciona derechos en lugar de garantizarlos, ya que un periodista acusado de Apología del Delito tiene que comprobar su estatus como periodista después de que se abra un proceso judicial en su contra.
Esto quiere decir que el Ministerio Público puede acusar libremente y la situación laboral del periodista estará a consideración de un juez una vez que ya haya sido detenido, lo que vulnera la situación legal, la integridad física y los derechos humanos de los comunicadores.
El dinero es cabrón
La canción trata de un contrabandista al que acaban de detener y, para salvarse de la prisión, le ofrece dinero a un comandante de la policía, pero, a pesar de las promesas y de las amenazas, el oficial decide arrestarlo… aunque no hay final feliz, resulta que nunca pisa la cárcel y todo se arregló con “un millón”.
Ese narcocorrido era el tono del celular de un burócrata que comía en un puesto de tortas del Centro Histórico de la ciudad de Morelia, la capital colonial del estado de Michoacán, ubicada en el ombligo del país, justo a la mitad de camino entre la Ciudad de México y la de Guadalajara.
A un lado del funcionario que trae corridos como tono de llamada, comemos junto a dos periodistas la especialidad de cada viernes: unas tortas de chile relleno. La plática solamente dura lo que duran las tortas, no hay grabaciones, ni fotos, ni notas. El miedo a las represalias es demasiado.
Los corresponsales llevan años atrapados en una batalla legal que drenó sus ahorros y amenaza con quitarles aún más si pierden. Están acusados del delito de daño moral y temen que cada palabra que salga de sus bocas los hunda aún más.
El actor político que los acusa tiene los recursos económicos para seguir prolongando la agonía. Los reporteros viven al día, pero pueden seguir trabajando porque solo tienen prohibido hablar de ese personaje en específico y su proceso no es penal sino civil. Estos lujos podrían desaparecer bajo la figura de Apología del Delito.
El abogado Carlos Montiel Chávez remarcó que este nuevo delito se castiga con cárcel y se sigue de oficio, no hay contraparte, porque el Ministerio Público decide qué y quiénes afectan la “tranquilidad” y la “paz social”.
Si un juez determina que no hay pruebas suficientes para comprobar que una persona es periodista, arrancará el proceso, además puede emitir medidas cautelares que le prohíban publicar noticias, lo que destruye su sustento de vida y corta de tajo su libertad de expresión.
En otro café del Centro Histórico de Morelia, un periodista contó los detalles del proceso en el que fue acusado por presunta violencia política en materia de género, debido a un artículo que publicó en el medio en el que trabaja.
Al final, luego de tres meses y dos instancias jurisdiccionales, lo absolvieron de los cargos, no sin antes perder alrededor de 50 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares) en gastos legales que tuvo que pagar de su bolsillo y nunca recuperó.
Esa es la otra amenaza de las leyes mordaza: incluso si los casos se caen, incluso si los argumentos legales son inválidos, incluso si los jueces y los ministerios públicos se equivocan, el costo económico de la defensa es inevitable.
Tres semanas antes de que se aprobara la reforma de Apología del Delito en Michoacán, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, que este año se enfocó en la crisis económica de los medios de comunicación.
“México, el país más peligroso de la región para los periodistas, pierde tres posiciones, debido especialmente a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático”, afirma el informe que pone a la república mexicana en el lugar 124 de 180 países.
En materia económica, los periodistas mexicanos están peor calificados que países en medio de conflictos armados activos, como Ucrania (62), Chad (108), Sudán (109) y Burkina Faso (105).
La precariedad económica ya es una causa de autocensura en medios de comunicación. Uno de los periodistas confesó que la política de su medio es “no hacer periodismo, solo boletines” por miedo a los costos legales de las demandas.
“Pienso que mordió el anzuelo, porque el dinero es cabrón”, cierra el narcocorrido del grupo La Ley de Michoacán, ese que interrumpió el desayuno del funcionario en el puesto de tortas.
Las barbas a remojar
La reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán es uno de los ejemplos de leyes mordaza que avanzan en diversos estados de la república mexicana, cuyas características son muy similares y parecen tener objetivos claros.
El caso de Michoacán, con la Apología del Delito y el caso de Puebla, con su nueva Ley de Ciberseguridad, arrancan de manera insidiosa con buenas intenciones: eliminar la narcocultura y combatir el ciberacoso infantil.
Sin embargo, utilizan la ambigüedad en la redacción de la ley para provocar que los criterios de esos delitos sean discrecionales y subjetivos; les toca a los actores judiciales descifrar lo que el Ejecutivo y el Legislativo quisieron decir.
“No hay claridad jurídica en los contenidos, es solamente el Ministerio Público y los jueces quienes van a brindar claridad. Además, son jueces que van a llegar a aprender, no solo porque el delito es nuevo, sino porque los jueces también van a ser nuevos”, dijo el profesor Carlos Montiel.
Ambas leyes tienen carácter punitivo, es decir, están directamente enfocadas en castigos que conllevan cárcel y multas, no tratan de mediar ni de prevenir, tampoco se acompañan con otras políticas de manera integral para combatir los problemas de raíz.
Estas nuevas leyes recuerdan el caso de otras ya extintas, como el delito de Disolución Social, que estuvo vigente en México entre 1940 y 1970 en el Código Penal Federal y ayudó al encarcelamiento de voces disidentes, como la del muralista David Alfaro Siqueiros.
“No es nada nuevo, pero sí están cerrando una pinza respecto de cómo controlar socialmente las manifestaciones de manera penal, algo que parece que no han podido hacer de otra manera”, destacó el abogado Montiel Chávez.
“El camino viene de esto, de lo que ha hecho el Gobierno sobre la sedición y el motín, sobre el ataque a bienes jurídicos que no estaban siendo protegidos antes y que ahora sí. Es la postura política de Morena, decir ‘no ataquen al Estado, porque Morena es el Estado’, la idea que es muy común de ‘déjenos trabajar y confíen en nosotros’”, concluyó.
Cualesquiera que sean las intenciones de las llamadas leyes mordaza, al final el resultado es el mismo: el miedo y la autocensura de los periodistas, quienes diariamente se cuestionan si vale la pena publicar, bajo el riesgo de verse atrapados en impagables procesos judiciales.
Cuando le pregunto a los periodistas inmersos en batallas legales qué consejo les darían a sus colegas, la respuesta es la misma: aprender a litigar, conocer las leyes, contar con asesoría jurídica, revisar mil veces su trabajo y cuidarse.
Esta es la nueva amenaza que acecha a la libertad de expresión en México, donde desde el año 2000 más de ciento cincuenta periodistas han sido asesinados y veintiocho han desaparecido, según los datos que recopiló la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“La libertad de prensa está garantizada por la Constitución mexicana y amparada por la ley de prensa de 1917. En la práctica, no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar, puesto que la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de acciones judiciales, detenciones o suspensiones de actividad”, apunta RSF. Tal vez este párrafo tendrá que desaparecer en su informe del 2026.
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