A casi cuatro meses del crimen que conmocionó a Michoacán, un juez especializado en justicia para adolescentes sentenció a Osmar «N», de 15 años de edad, por el feminicidio de dos maestras de la Preparatoria «Antón Makárenko», ocurrido el pasado 24 de marzo en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Durante una audiencia de procedimiento abreviado, el adolescente aceptó su responsabilidad penal, luego de que la Fiscalía General del Estado autorizara esta forma de terminación anticipada del proceso y de que las víctimas indirectas manifestaran su conformidad con dicho mecanismo.
Como resultado, el juez le impuso la máxima sanción prevista por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, consistente en tres años de internamiento en el Centro Integral para Adolescentes. Además, ordenó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos con 07 centavos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.
El doble feminicidio ocurrió la mañana del 24 de marzo de 2026, cuando las profesoras Tatiana «N», de 37 años, y María del Rosario «N», de 36 años, fueron atacadas a balazos dentro de las instalaciones de la preparatoria.
De acuerdo con las investigaciones, el adolescente llegó al plantel portando un rifle AR-15, el cual ocultó en un estuche para guitarra. Presuntamente, el ataque ocurrió después de que las docentes le impidieran ingresar por haber llegado tarde a clases. En la escena del crimen fueron asegurados al menos 14 casquillos percutidos.
Las indagatorias también establecieron que, horas antes del ataque, el estudiante había publicado en redes sociales un video en el que aparecía mostrando el arma utilizada en el crimen. Tras cometer la agresión fue detenido por elementos de seguridad.
El caso provocó una fuerte indignación a nivel estatal y nacional, no solo por la brutalidad del ataque cometido dentro de una institución educativa, sino porque evidenció las limitaciones del sistema de justicia para adolescentes. Aunque fue encontrado responsable del feminicidio de las dos docentes, la legislación vigente establece que la pena máxima para un menor de 18 años es de tres años de internamiento, sanción que finalmente le fue impuesta por el órgano jurisdiccional.
