Morelia, Michoacán.- En el informe de fiscalización a la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revela que hay más de 77 millones de pesos de origen federal destinados a la seguridad pública que el Gobierno que aquel año encabezaron el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Salvador Jara Guerrero no ejerció o cuya aplicación y ejercicio debe ser aclarado.
La ASF exige que se aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014 y sus rendimientos financieros por más de 32 millones de pesos.
De este mismo fondo, la ASF presume “probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal por más de 23 millones de pesos “más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo. El órgano fiscalizador subraya que el ejercicio de estos recursos “deberá ser acreditado con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF destaca que el gobierno que encabezaron el priísta Vallejo y Salvador Jara habría malversado 256 mil pesos más los intereses generados “por la adquisición de municiones que no han sido entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional y de la cual no se cuenta con la documentación comprobatoria del gasto”.
La anterior administración estatal también habría incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, pues la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal por un más de 20 millones de pesos.
En este subsidio la ASF detectó las siguientes irregularidades: pago de vehículos que debió realizarse con otra fuente de financiamiento; recursos y rendimientos financieros no devengados; adquisición de armas y municiones que no han sido entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional; pago de cursos y becas que no cuentan con evidencia documental de que fueron impartidos; y bienes que no cumplen con las características y especificaciones contratadas y bienes no encontrados.