La venta del 80% de sus activos de generación, la mayoría de ciclos combinados de gas, al Gobierno mexicano por 5.480 millones es una jugada maestra de Iberdrola, y de su presidente Ignacio Sánchez Galán.
Al desprenderse de sus activos contaminantes, la eléctrica da un paso de gigante en su proceso de descarbonización y transición energética. Pero también obtiene recursos para invertir en renovables en el país y para acelerar la compra de PNM en EEUU, uno de sus mercados estratégicos.
Por si fuera poco, la venta permite a Iberdrola librarse de una de las mayores multas de la historia energética de México, por 432 millones por un presunto incumplimiento de la normativa de autoabastecimiento.
Asimismo, la sanción que demuestra claramente la obsesión de AMLO con las empresas españolas presentes en el país. Una inquina que se ha traducido en injustos ataques a empresas como Santander, Repsol, BBVA, Sacyr, FCC o Acciona o la propia Iberdrola, a las que llegó a calificar de colonialistas y de abusar «del país y del pueblo».
Lejos de rectificar, el mero hecho de que AMLO haya calificado el acuerdo alcanzado con la firma vasca como «una nueva nacionalización de la industria eléctrica», deja patente su interés por poner palos en las ruedas a las empresas españolas en sus negocios México.
Esto no supone un éxito, como predica AMLO, sino un grave error. Para empezar se trata de un ejercicio de proteccionismo impropio de un país que aspira a competir en la economía global del siglo XXI. Aunque lo más grave es que la demonización injusta de las empresas españolas crea inseguridad jurídica y mala imagen a México, lo que frenará las inversiones de las compañías extranjeras.
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