Ciudad de México, 29 de junio 2015 (Círculo Digital).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 16/2015 al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, por la inadecuada procuración de justicia en agravio de cinco jornaleros agrícolas asesinados y de sus familiares.
En un comunicado informó que tras recabar y analizar las evidencias, la Comisión encontró elementos para acreditar la transgresión de los derechos humanos, así como a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad.
De acuerdo con la CNDH, se señala directamente la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) en perjuicio de las cinco víctimas de homicidio en Yurecuaro, a quienes se identifica solamente con siglas, entre V1 y V5.
Además, se identifica también como víctimas indirectas a familiares de los occisos y a éstas se les identifica con siglas entre V6 y V14, indicó la CNDH a través de un comunicado.
La recomendación señala que los familiares de las víctimas sufrieron a su vez dilación y omisión en la integración de la averiguación previa y, por esa misma inactividad de la autoridad ministerial, es difícil conocer la verdad histórica de los hechos.
Estas fallas, más el tiempo transcurrido, entorpecen la procuración de justicia “y ha propiciado hasta hoy la impunidad de los responsables”, indicó la CNDH, por lo que recomendó al gobernador, entre otros puntos, reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, incluyendo atención psicológica.
También se recomendó instruir al Procurador de la entidad para que en la averiguación previa penal correspondiente se practiquen las diligencias legalmente idóneas para el perfeccionamiento y determinación de la misma.
También, que participe en el seguimiento e inscripción de familiares de los agraviados y al Registro Estatal de Víctimas, para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, y colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará ante la PGJEM para que investigue al servidor público involucrado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que el 29 de octubre de 2013, se localizaron dos camionetas abandonadas en la carretera La Piedad-Guadalajara, en una de las cuales había cinco cadáveres maniatados y al parecer con heridas de bala.
La integración de la averiguación previa evidencia que las actuaciones de la autoridad tuvieron omisiones y retrasos, sin justificación, no se siguió una línea clara y precisa, no se agotaron todos los medios a su alcance para conocer la verdad histórica de los hechos.
Además, durante la integración de la indagatoria, el Ministerio Público tuvo contacto con los familiares de las víctimas, a pesar de lo cual no se advierte constancia de que hayan sido informados de sus derechos constitucionales, así como la posibilidad de recibir atención y garantizarles protección y psicológica. (Notimex)
