
Por Lord incómodo
Han sido presentados por el secretario de seguridad a 2 nuevos detenidos acusados de participar en el homicidio de Carlos Manzo alcalde asesinado de Uruapan, uno de ellos funcionario de su gabinete pasado y actual con Grecia Quiroz, acusados de filtrar información a los grupos delictivos que atacaron al alcalde en Uruapan Michoacán.
Hoy no podemos seguir fingiendo que el homicidio de Carlos Manzo fue un hecho más de la violencia cotidiana.
Hoy los indicios obligan a decirlo con claridad, aunque incomode: esto huele a crimen político.
Los datos que han salido a la luz son demasiado graves para ignorarlos, un funcionario de su propio gabinete detenido, un taxista que informaba los movimientos del alcalde.
Y un personaje conocido como “El Lic”, miembro de la delincuencia organizada, señalado como parte de la estructura que ordenó el ataque en total coordinación, presumen o se infiere como un crimen político.
Porque nadie vigila rutinas, horarios y trayectos si no existe una decisión previa.
Porque nadie entrega información sensible si no sabe para qué será usada.
Y porque el crimen organizado no actúa contra una figura política sin tener datos precisos… y sin tener garantías.
Aquí se está repitiendo un patrón que ya conocemos demasiado bien en México, la delincuencia ejecuta cuando hay intereses fuertes detrás y en muchos casos son políticos, nombres hay muchos…. uno de los más sonados Colosio Murrieta,
Y después se intenta vender la versión de que “fue el narco”.
El funcionario del gabinete detenido como informante tenía acceso, cercanía y confianza, eso es traición al cargo público y a la persona o grupo que les dio la oportunidad de servir a los Uruapenses.
El taxista un halcón al servicio de la delincuencia, usualmente utilizados por su movilidad.
Y “El Lic”, como integrante del crimen organizado, no rompe la tesis política del caso, La confirma.
Porque cuando el crimen organizado ejecuta con información interna, ya no actúa solo: actúa como brazo operativo de intereses que no quieren ensuciarse las manos.
Carlos Manzo no murió por estar en el lugar equivocado.
Murió porque estorbaba, Murió porque alguien decidió que ya no debía estar.
Y cuando un alcalde es seguido, monitoreado y eliminado con datos proporcionados desde su propio entorno, eso no es causalidad, es planeación.
Ahora bien, lo grave está en lo que viene, en que el caso se cierre con los nombres equivocados.
En que se presenten detenciones como justicia y que se construya una narrativa cómoda donde todos los culpables están abajo… y ninguno arriba.
Porque no responden la pregunta central:
¿Quién dio la orden?, ¿Quién pidió el favor?
¿Quién se beneficia con la ausencia de Carlos Manzo?
Si la investigación no toca el móvil político, entonces no estamos ante un proceso de justicia, sino ante una simulación institucional.
Una más.
Este caso desnuda una verdad incómoda:
En algunos lugares del país, la línea entre gobierno y crimen organizado no es una frontera, sino un punto de contacto.
Un espacio donde se intercambia información, silencios y favores.
Un espacio donde eliminar se convierte en una herramienta de control político.
Y eso, debería indignarnos. No sólo por Carlos Manzo.
Sino porque mañana puede ser cualquiera que incomode, que se niegue a pactar o que decida gobernar sin pedir permiso.
Hoy la exigencia es clara: verdad completa, no versiones maquilladas, no culpables menores.
No expedientes diseñados para proteger a los de arriba.
Porque cuando el poder señala y el crimen actúa…
Es complicidad.




