Política en Movimiento/Angélica Beltrán
CDMX a 4 de agosto, 2016 (Noticias México).– Este jueves la PGR informó de la aprehensión de Roberto Ávila Quiroga, ex director de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la pasada administración del gobernador Guillermo Padrés, de Sonora.
El ex funcionario está acusado de uso indebido de atribuciones y facultades al operar el “perdón fiscal” a unos 574 contribuyentes, con lo que el erario estatal dejó de percibir unos mil 705 millones de pesos.
Su aprehensión bien puede ser la punta de lanza a aprehensiones de una larga lista de funcionarios padrecistas acusados de delitos varios, como desvío de recursos, desfalco y hurto de fondos de pensión, como es el caso de la diputada federal Teresa Lizárraga o de abuso de autoridad y falsedad de declaraciones como el de Agustín Rodríguez, también diputado federal.
Llamarada de petate
O bien esta primera aprehensión contra un padrecista puede ser sólo una “llamarada de petate” para calmar los ánimos en el estado; ya que está a la vista que se trata de un pez menor.
Por lo que se esperaría que esa primera acción de la PGR en contra de uno de los funcionarios de la larga lista que impulsa la gobernadora Claudia Pavlovich ante las autoridades federales, para su investigación y castigo, sea realmente el inicio de aprehensiones sucesivas que permitan asegurar que no quedarán impunes quienes desfalcaron al estado.
Y es que a un año de la transición, sigue libre y disfrutado de riquezas cuya procedencia no ha sido investigada, el gobernador Guillermo Padrés; lo mismo que los diputados federales sonorenses, Teresa Lizárraga y Agustín Rodríguez, a quienes protege el fuero constitucional, pero sobre quienes pesan acusaciones graves como es el desvío de recursos y hasta hurto de estos.
A Teresa Lizárraga y Agustín Rodríguez los protege el Fuero
Y es que habría que ver la serenidad con que se desenvuelven en la Cámara de Diputados los legisladores sonorenses del PAN.
Por un lado la diputada Lizárraga se desarrolla como si no cargara pasado alguno y todo fuera un “borrón y cuenta nueva” al llegar a San Lázaro.
La diputada panista, quien fungió como directora del Pensionissste en Sonora en la administración de Guillermo Padrés, acusada del robo del Fondo de Pensiones, realiza sus actividades legislativas con la frente muy en alto, sobre todo cuando desde la máxima tribuna ha hablado de la exigencia del PAN para que funcionarios públicos rindan cuentas y se sometan a la transparencia, como un primer paso para combatir la corrupción.
En ese sentido se ha manejado con más discreción en San Lázaro el diputado Agustín Rodríguez, quien en las últimas semanas del periodo ordinario se escondió de sus homólogos y de la prensa, tras la denuncia que hizo en su contra la empleada doméstica del ex gobernador Guillermo Padrés, por haberla acusado falsamente de robo.
Ulises Cristópulos pide desafuero de Agustín Rodríguez
Por cierto, en los últimos días antes del cierre del periodo ordinario que finalizó el 31 de abril en San Lázaro, el diputado priista de Sonora, Ulises Cristópulos, pidió que la comisión de examen previo agilizara sus trabajos a fin de revisar la solicitud de juicio político contra el diputado panista Agustín Rodríguez.
Solicitud que sigue intacta, pues los presidentes –del PRI– de esa instancia legislativa prefieren no abrir la cloaca en cuanto a los juicios políticos, ya que el partido tricolor tiene más que perder, por lo que seguramente darán carpetazo a los casos de los padrecistas en San Lázaro; no tanto para protegerlos, sino para protegerse los priistas a sí mismos.
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