Jaime Darío Oseguera Méndez
Esta semana se anunció la estrategia denominada Barrio Bienestar para algunas colonias de la capital, con la finalidad de “realizar acciones interinstitucionales para recuperar espacios públicos, promover la convivencia, los valores y la cultura de la paz, además de acercar oportunidades de capacitación, educación y programas sociales para los morelianos”.
Siempre han sido motivo de discusión y análisis en el ámbito académico las políticas de combate a la pobreza y la promoción del bienestar. Desde hace muchos años quedó rebasada la idea de que la pobreza solamente se combate aumentando el ingreso disponible de las personas.
Esta decisión estuvo relacionada con la medición del bienestar a partir de la línea de pobreza, que se establecía determinando el costo monetario de consumo diario, por debajo del cual, los individuos y sus familias no podían satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y servicios públicos.
Bajo este método de medición, todos los individuos o familias que obtenían un ingreso menor se consideraban en condiciones pobreza.
Bajo esta visión estrictamente económica, se diseñaron programas de entrega directa de dinero, sin intermediarios, con la idea que el ingreso disponible de las personas será bien destinado a la satisfacción de necesidades básicas. Desafortunadamente está bien acreditado en diferentes lugares del mundo donde se han implementado programas de entrega directa de dinero, que los resultados no siempre son los esperados. La razón es muy sencilla y tiene que ver con el propio entorno económico: no siempre el apoyo que se entrega, resulta suficiente para complementar necesidades de vivienda o patrimoniales en general, por lo que los ingresos terminan siendo destinados a otros rubros, no necesariamente ociosos, pero no mejoran sustantivamente la calidad de vida de las familias.
Quienes se encuentran en condiciones de lejanía de servicios públicos de salud, por ejemplo, en las comunidades rurales, pueden recibir apoyos monetarios, pero en cuanto requieren atención médica, terminan destinándolo a atender emergencias de salud.
Lo mismo sucede con la educación como necesidad básica insatisfecha porque donde no hay escuelas o no van los maestros los individuos se ven materialmente imposibilitados para incrementar sus capacidades, por mucho que les puedan incrementar el ingreso a través de apoyos directos, las necesidades básicas de la población no resultan satisfechas.
La política social es mucho más que entregar dinero.
No es conveniente hacer juicios sobre la manera en que razonan las personas que se encuentran en situación de pobreza. Encima de que son los más marginados dentro de nuestra sociedad, es agraviante decir que el dinero que reciben en apoyos directos lo destinan a usos diferentes para no decir indebidos.
Hay de todo, se sabe que las mujeres madres de familia tienden a destinar de mejor manera el dinero que llega al núcleo doméstico, orientándolo predominantemente en alimentación y necesidades básicas de vestido, salud o patrimoniales en ese orden.
La pobreza no es una condición de falta de racionalidad personal o de insuficiencia de capacidades. Es un problema que va más allá de los individuos para convertirse en un asunto estructural. Por eso resulta insuficiente la entrega directa de dinero. No es inútil ni ocioso pero puede ser absolutamente ineficiente si no está acompañado de otras medidas necesarias.
Al mismo tiempo que se incrementa el ingreso disponible en dinero, los programas exitosos en el mundo han establecido medidas para satisfacer las necesidades básicas de la población como la mejora en los servicios públicos. Supongamos una familia que tiene el ingreso suficiente para no considerarlos pobres, pero no tienen acceso a servicios de agua potable, drenaje o electricidad y no tienen sistema de salud o educación accesibles o gratuitos. Su nivel de bienestar es bajo.
Desde hace décadas en la medición de la pobreza se integraron las necesidades básicas insatisfechas de vestido, patrimonio y de manera muy importante las relativas al esparcimiento, el derecho a un medio ambiente saludable, vivir sin violencia y a espacios públicos de recreación de acceso libre y en condiciones de gratuidad en las poblaciones marginadas.
Por eso llama la atención este intento a través del programa Barrio Bienestar para que tengan acceso “al ejercicio pleno de sus derechos, a la integración comunitaria, a una vida libre de violencia, al deporte, cultura, salud, convivencia, movilidad e inclusión”.
Suena bastante bien y por supuesto no es la primera vez que se plantean estos programas.
Al menos desde los programas de Solidaridad con el Presidente Salinas, desde finales de los ochenta del Siglo XX, hace más de treinta años los programas sociales quisieron trascender la idea de dar dinero a la gente para superar su condición de pobreza por una simple razón: no hay dinero que alcance y no sólo es un problema de recursos económicos, sino de salud, educación, libertades.
El gran paso que se debe dar para tener éxito, es es la coordinación entre las tres instancias de gobierno. Está muy claro el pleito y la disputa por el crédito de estos programas.
La única manera de superarlo es logrando que la comunidad se apodere de los programas y los conduzca o se vuelva contralora de los mismos.
Desafortunadamente ahí tenemos uno de los problemas principales. Nuestra cultura cívica y de participación no siempre permite que se aprovechen los beneficios de buenas acciones de los gobiernos.
Este es el desafío de fondo: que en el barrio y la colonia la gente se organice y no se conviertan en depredadores de sus propios beneficios. Duele decirlo pero es real cuando vemos vandalizadas las instalaciones deportivas o centros comunitarios, escuelas y espacios públicos por parte de quienes deberían conservarlos para su beneficio.
Vamos a ver quién los evalúa porque lo importante no es poner la primera, sino la última piedra.
