El martes de la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de las Diputaciones su iniciativa para reformar la reciente reforma judicial que acusa diversas complicaciones en su implementación y que, como lo advertimos en este espacio, con los plazos establecidos actualmente, resultaba casi imposible sincronizar las elecciones judiciales con las elecciones de los demás poderes en 2027.
La iniciativa se discutirá en un periodo extraordinario de sesiones convocado a partir del día 26 de este mes y, entre sus contenidos esenciales, propone que los procesos judiciales se difieran un año para que la jornada de votación se realice hasta el domingo 4 de junio, salvo que haya revocación del mandato, en cuyo caso, las votaciones se harían en forma simultánea durante el primer trimestre de 2028. Se trata de una modificación solicitada por todos, hay plena coincidencia por la magnitud de los procesos electorales que siguen y porque las elecciones judiciales implican la elección de 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales de circuito, 385 juezas y jueces de distrito, todos del ámbito federal; más 424 magistraturas de tribunales locales y 2 mil 831 juezas y jueces locales.
La propuesta presidencial también implica la inclusión de una nueva comisión coordinadora que se compondrá con un integrante de cada uno de los comités de evaluación, siendo su principal función la de homologar criterios y metodologías en la revisión del cumplimiento de requisitos y evaluación de los aspirantes. En paralelo, se propone la disminución del número de aspirantes que se postularán por cargo, cada comité seleccionará a las cuatro mejores opciones por cargo y, de entre ellas, se sorteará a dos. A manera de ejemplo, en la mañanera del lunes pasado se mencionó que, bajo este esquema, en el modelo actual compiten 81 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que, con el ajuste propuesto, competirían 54 para todas las plazas de ministras y ministros.
En otro rubro, la iniciativa propone la simplificación de la boleta electoral, sugiriendo un nuevo acomodo en la presentación de las candidaturas identificadas por colores, buscando una mejor orientación de las y los electores. Otros cambios relevantes están en una especie de recapitulación sobre elementos suprimidos en la reforma anterior. El primero busca que la SCJN tenga dos secciones para el desahogo de “asuntos menores”, debido a que, como se recordará, la anterior SCJN tenía dos salas aparte del pleno, las cuales fueron suprimidas y generaron un enorme cuello de botella en el desahogo de los asuntos al dejar que sea solo el pleno, la instancia que los desahogue en sesiones públicas.
El segundo ajuste propone que las y los aspirantes presenten un examen de conocimientos y obtengan una certificación, en ambos casos sería la Escuela Nacional de Formación del PJF con la participación del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, después de las elecciones populares, quienes obtengan los cargos deberán sujetarse a un programa de capacitación permanente, lo cual busca corregir deficiencias detectadas en algunas personas ganadoras en las elecciones pasadas. Todos estos ajustes y algunos más, de aprobarse la reforma constitucional deberán incorporarse a las legislaciones locales, según se propone en la iniciativa presidencial.
La reforma se aprobará fast track según se desprende de las declaraciones de la presidenta y de algunos líderes morenistas en el congreso que sostienen que será en los primeros días de junio cuando se agote el proceso legislativo. Se trata de un primer ajuste a la reforma judicial original buscando corregir aspectos que han complejizado el funcionamiento de los poderes judiciales y, de paso, al diferir la elección por un año, amplía por otro año el encargo de cuatro magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
