Análisis: La violencia política en razón de género no siempre se presenta con un insulto explícito. La mayoría de las veces se pinta de legalidad, de disputa sindical o de debate académico.
Usa como vehículo la cobardía, se escuda en el disfraz de derechos laborales, del desgaste normal del cargo para no exhibir la motivación real; eso es lo que estamos viendo desde hace meses en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contra su rectora, Yarabí Ávila González.
No se trata de un hecho aislado. Se trata de un patrón, la rectora ha sido objeto de una embestida coordinada desde distintos frentes, que, por coincidencia o por diseño, apuntan al mismo objetivo: desgastar, deslegitimar su trabajo al frente de la UMSNH, y generar una narrativa negativa desde el poder Ejecutivo estatal, una muestra son las declaraciones públicas, las presiones presupuestales y el uso de la tribuna política para cuestionar decisiones que son de autonomía universitaria, no son un debate entre poderes.
Cuando se dirigen de forma sistemática contra la segunda mujer rectora en la historia la Universidad, usando de mensajero por citar un ejemplo al líder del SUEUM Eduardo Tena quien con expresiones soeces rayando en la vulgaridad denostó un día y otro también a la hoy Rectora, descarándose al hacer declaraciones que sobrepasan el derecho a la libertad de expresión, dichas declaraciones por su naturaleza adquieren una connotación de género, Las amenazas de paro, los emplazamientos y las descalificaciones personales que trascienden la legítima lucha laboral para convertirse en ataques directos a la persona de la rectora, configuran un entorno de hostigamiento laboral y político
Segundo, desde el interior de la propia universidad, el pleito legal con el Director de la Facultad de Derecho como operador político-jurídico, vinculado claramente a los intereses del mandatario y u grupo, La utilización de recursos legales, amparos y controversias no para defender la legalidad universitaria, sino para generar una narrativa de ingobernabilidad y de cuestionamiento personal contra la rectora, es una forma clásica de violencia política: llevar al terreno judicial lo que no se pudo ganar en lo institucional.
Tercero: desde el congreso, las declaraciones de la bancada oficial y el intento de violar la autonomía universitaria con exhortos y posturas contra la máxima casa de estudios, es una muestra de cómo se mueve el andamiaje oficial
Ninguno de estos actores, por separado, podría ser acusado abiertamente de violencia de género si se analiza su acto de forma aislada. Pero la Ley y los protocolos en la materia son claros: la violencia política de género se acredita por la sistematicidad, por la desproporción y por el objetivo de menoscabar el ejercicio de un cargo público por el hecho de ser mujer, Y aquí es donde cobra relevancia el antecedente que acaba de sentar el Tribunal Electoral. Hace unos días, el Tribunal decretó violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, aun cuando no había sido electa para el cargo que contendía.
El criterio del Tribunal es contundente y sienta jurisprudencia: no se necesita haber asumido el cargo para ser víctima, basta con que los ataques tengan como finalidad impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer.
Sí, el Tribunal debe proteger a una mujer quien ya ejerce el máximo cargo de dirección universitaria y está siendo sometida a una campaña de desgaste, no es una simple disputa por la autonomía o un conflicto sindical, es la reacción de personajes y políticos que no toleran que una mujer, no haca aceptado subordinarse.
Atacar a la rectora con amparos diarios, con asfixia presupuestal y con paros no es fiscalización. Es violencia política de género.
