Yurisha Andrade Morales
Los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, requieren que la autonomía presupuestal que les asigna la Constitución se materialice en las aprobaciones presupuestales que corresponden a los órganos legislativos. No se trata de entregarles dinero público sin justificación, sino de ministrar los recursos financieros que requieren con un criterio de racionalidad y considerando que los programas que desarrollan permiten el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, en particular, en años de elecciones.
El pasado 26 de septiembre, en sesión pública, el Instituto Nacional Electoral presentó un informe sobre la situación presupuestal de los institutos estatales electorales, cuya actualización periódica permite que la ciudadanía conozca su situación presupuestal y la actuación específica de los gobiernos en turno en esta materia. El informe destaca que existen varios OPL que se encuentran en una situación financiera grave, por recortes, retraso en las ministraciones o falta de recursos en las administraciones estatales, lo cual genera diversas consecuencias en las actividades que desarrollan y en el pago de sus plantillas laborales.
El informe también se refiere al incumplimiento o retraso constante de gobiernos locales en la entrega de ministraciones, como en Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Mientras que, en situación de gravedad extrema, por falta de recursos, están los OPL de Durango, CDMX, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit, de los cuales el más crítico es Colima, donde las y los trabajadores informaron públicamente que la situación económica que viven en la institución es muy delicada, pues no solo han suspendido diversas actividades, sino que no han recibido sus percepciones salariales.
Los datos que aporta el INE anulan lo dicho por diversos actores políticos que afirman que las instituciones electorales son onerosas para el país dado que gastan mucho y que deben sujetarse a una política de austeridad republicana o, de plano, a la pobreza franciscana. He externado mi opinión en esta materia señalando que no es correcto tener recursos en exceso, pero tampoco que se nieguen los que son indispensables para ejercer las atribuciones asignadas por la Constitución y las leyes. La decisión unilateral de diversos gobiernos para asfixiar a las instituciones electorales lastima al sistema electoral, pero también a nuestra democracia. Cualquier aprobación o disminución presupuestal debe sustentarse en una revisión técnica y en un análisis objetivo sobre el funcionamiento institucional y los programas que se cumplen.
Organismos administrativos y jurisdiccionales funcionan permanentemente, no solo en los meses que duran los procesos electorales, sino que tienen funciones permanentes en varias asignaturas para incentivar y mejorar la participación ciudadana, actualizar los instrumentos electorales, promover la educación cívica e implementar mecanismos alternativos de justicia electoral; impulsar el debate público sobre temas que afectan a la colectividad y evaluar la gestión de gobiernos e instancias legislativas.
La función electoral y el ejercicio pleno de los derechos político electorales de la ciudadanía depende de una correcta presupuestación, pero también de la voluntad de los legisladores para revisar con racionalidad lo que debe entregarse a cada institución. Todos debemos actuar con rectitud en esta materia, con transparencia y con apego a la obligación de rendir cuentas.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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