Ciudad de México, 24 de agosto 2015 (MMSPress/Círculo Digital).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió la investigación a los gobernadores salientes de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche ya que no han aclarado los manejos irregulares de 16 mil 657 millones de pesos.
De acuerdo con informes de la ASF a junio de 2015, el mayor número de irregularidades corresponde al gobierno de Michoacán, con 7 mil 764 mdp por aclarar durante los años 2012 y 2013 de la administración del priista Fausto Vallejo Figueroa.
Dentro de los nuevo estados se han captado probables daños a la Hacienda Pública, ya que hay irregularidades como traspasos a cuentas no autorizadas, dinero generado por intereses o subejercicios que no fue reintegrado a la Federación, compras sobrevaluadas y subutilizadas, uso de los recursos etiquetados para uso distinto al objetivo de los fondos, así como pagos a personal docente o de salud que no demostró estar calificado para la tarea.
La revisión incluye los fondos de aportaciones para la educación básica, salud, infraestructura social, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública de los estados y el DF, para el fortalecimiento de las entidades y los convenios celebrados con el gobierno federal.
Las anomalías encontradas por la ASF en Michoacán, destacan la adquisición de un vehículo con valor de 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal, la compra de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de salud por 4 millones 472 mil 357 pesos y pagos indebidos a la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por conceptos no reconocidos como “bono de apoyo a la economía”, el “estímulo a la superación educativa” o bono por “Día del Empleado”, con un valor de 223 mdp.
Un año después de rendir protesta, Vallejo Figueroa pidió licencia por motivos de salud y fue sustituido temporalmente por Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, acusado de vínculos con el crimen organizado.
En Nuevo León, la ASF encontró que el gobierno de Rodrigo Medina subejerció 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), equivalentes a 54 millones 706 mil 700 pesos, al cierre de 2013, y la compra de un escáner para localizar cadáveres con valor de un millón 67 mil 200 pesos que está en desuso.
En Querétaro, la administración de José Calzada Rovirosa en 2013 destinó 225 mil 264 pesos del fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el consejo a trabajadores de la Universidad local.
En Campeche, bajo la conducción de Fernando Ortega en 2013, la Secretaría de Educación usó 6 millones 644 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para la compra de vales para pavo, uniformes deportivos, medallas, entre otros enseres, considerados no financiables con el fondo.
En Baja California Sur, el gobierno de Marcos Alberto Covarrubias pagó un millón 688 mil 720 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a seis médicos especialistas que carecen de la documentación indispensable para acreditar el perfil de la plaza para la que fueron contratados.
Mientras en Sonora la administración del panista Guillermo Padrés incumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y además realizó transferencias por 100 mdp a cuentas bancarias estatales durante seis meses; gastó 7 millones 10 mil 500 en una partida distinta a la autorizada y gastó 2 millones 877 mil 400 pesos en alimentación de fondos destinados a otros objetivos.
En San Luis Potosí, la ASF encontró que los Servicios de Salud pagaron 514 mil 400 pesos en 2013 a dos médicos que realizan funciones administrativas, además no realizar inventarios rotativos de los medicamentos e insumos.
En Guerrero, la administración de Ángel Aguirre destinó un millón 817 mil 448 pesos del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para salarios de 72 empleados que estaban dados de baja al momento de realizar el cobro.
Por último, durante 2013 en el gobierno de Mario Anguiano, en Colima, la Secretaría de Seguridad gastó 3 millones 951 mil pesos al pago de apenas 60 por ciento del valor de un vehículo blindado Tigger, cuya adquisición se realizó en 2012.
