CDMX a 16 de junio de 2016 (Noticias México).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción correspondientes a las leyes: General de Responsabilidad Administrativa (Ley 3 de 3), General del Sistema Nacional Anticorrupción y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; e El documento fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
Para diputadas de las fracciones del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y el diputado independiente las leyes aprobadas no contribuirán al objetivo deseado que es la transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción entre los funcionarios y organismos que reciben recursos públicos.
Mientras que a favor del dictamen hablaron, a manera personal y de su fracción, la diputada del PVEM, Jorgina Gaxiola Lezama de MC y Omar Ortega Álvarez del PRD
Diputados pasan descafeinada la Ley 3 de ley
La Ley General de Responsabilidad Administrativa, conocida como Ley 3 de 3, se aprobó en lo general con 338 votos a favor y 110 en contra, y luego que se rechazaran de manera gradual las reservas a 47 artículos, fue avalada en lo particular por 241 votos a favor y 212 en contra.
En esta reglamentación se establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, así como las faltas administrativas graves y no graves, las sanciones correspondientes y los procedimientos para su aplicación. También figuran castigos por la comisión de faltas de particulares, como los moches en el caso de los legisladores que realizan gestiones.
Las autoridades facultadas para aplicar esta ley serán las secretarías, órganos internos de control, Auditoría Superior de la Federación (ASF), las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas y los tribunales.
Tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal; también, las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
La ASF y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento de las faltas administrativas graves.
Declaraciones de la 3de3 no serán obligatorias sino a criterio personal
La Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción llevará el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y declaración fiscal a través de una plataforma digital.
Están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de interés, los servidores públicos, las personas físicas y morales que presten sus servicios y reciban recursos públicos.
En los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable, las secretarías y los órganos internos solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
Se encuentran entre las faltas administrativas que se consideran graves, el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.
En el caso de los particulares, se consideran faltas graves el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias y la utilización de información falsa.
Se establecen también sanciones administrativas no graves; en este caso, serán amonestación pública o privada, suspensión del empleo, destitución del empleo e inhabilitación personal.
En las graves, se considera la suspensión y destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal, la cual podrá ser hasta por 10 años
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La propuesta del Senado que expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.
Estipula que el Tribunal formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las resoluciones que emita deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.
La Cámara de Diputados también avaló, en lo general y lo particular, sin cambios, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobada, luego de que se rechazaron las reservas presentadas a 38 artículos.
