Yurisha Andrade Morales*
La iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente de la República fue aprobada por la Cámara de Diputados y remitida al Senado para su revisión y probable aprobación en lo que resta del periodo legislativo durante esta semana, o bien, hasta el año próximo en un periodo extraordinario u ordinario de sesiones. La opinión pública se ha dividido en torno a las principales propuestas que tocan aspectos fundamentales del actual sistema nacional de elecciones.
En una aproximación inicial a sus contenidos podemos observar que se trata de un conjunto de modificaciones a diversas leyes secundarias que regulan la materia y que podríamos agrupar en tres grandes rubros: el primero retoma las principales acciones afirmativas que las autoridades electorales, por acuerdos administrativos o sentencias, hemos impulsado en elecciones anteriores en los ámbitos nacional y local, como la obligación de partidos políticos y coaliciones para incluir cuotas, en la postulación de sus candidaturas a diputaciones federales y senadurías por mayoría relativa o representación proporcional, de personas que representen a grupos en situación de vulnerabilidad: con discapacidad permanente, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.
También se propone elevar a rango de ley, los esfuerzos y pruebas piloto que ya se realizan para implementar el voto de personas en condición de prisión preventiva y de quienes se encuentran en condición de postración. Se trata de un conjunto de normas que buscan regular derechos de las y los mexicanos con una visión de avanzada, reconocerlos en la ley y otorgar atribuciones plenas a las autoridades electorales para que los hagan realidad; se busca facilitar el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular, aspectos que siendo importantes, habrá que revisar con detalle para garantizar certeza a la luz de reformas anteriores que ya permiten la credencialización de los migrantes desde el extranjero y revisar los impactos en los correspondientes instrumentos registrales.
El segundo bloque de los cambios propuestos implica la compactación de estructuras de organismos electorales administrativos y jurisdiccionales. En relación con el INE, la iniciativa propone subsumir las direcciones ejecutivas de organización electoral y de capacitación electoral, así como las de servicio profesional electoral y administración y desaparecer diversas unidades técnicas y compactar otras de ellas. En el ámbito desconcentrado, se plantea desaparecer dos de cinco vocalías en las 32 juntas locales y cuatro de cinco en las 300 juntas distritales. La probable disminución de plazas podría ser de entre mil seiscientas y dos mil, con lo cual se desaparecería la mitad del servicio profesional del INE, es decir, del personal capacitado para ubicar e integrar las casillas, actualizar los instrumentos electorales, entregar las credenciales de elector, administrar el régimen de los partidos y promover los derechos político-electorales, entre otras muchas actividades.
En el ámbito jurisdiccional la reforma plantea crear el procedimiento único de queja en materia electoral para sustanciar y resolver asuntos de fiscalización y remoción de las y los consejeros de órganos locales, busca fortalecer el juicio en línea y la publicidad de autos del TEPJF; prevé la suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación; elimina dos salas regionales que no entraron en funciones y la regional especializada; y propone que las sanciones administrativas o jurisdiccionales solo sean aplicables bajo el principio de estricto derecho.
El tercer bloque contiene modificaciones para blindar la vida interna de los partidos, reducir la capacidad de las autoridades para verificar su democracia interna y garantizar los derechos de sus militantes y, aunque los autores de la propuesta de reforma han señalado que correspondió a un error, se incorporó una cláusula que permitiría la transferencia de votos entre los partidos que participen en coalición y no alcancen el tres por ciento de la votación válida para conservar su registro. Veremos qué sucede en el Senado de la República.
Se trata de una reforma que por sus dimensiones exige una deliberación amplia entre los actores políticos y el establecimiento de los consensos necesarios y un cálculo de los impactos que conlleva, sobre todo, de sus implicaciones en la capacidad operativa de las instituciones electorales para cumplir con una organización profesional e imparcial de las elecciones. Lo he sostenido en múltiples ocasiones, la reforma debe ser un espacio para impulsar mejoras al sistema y no generar deterioros que lastimen la calidad de los procesos electorales y de nuestra democracia.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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