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Análisis de juicio político, frente a la prensa y no a puerta cerrada: Hernández Soriano

  • Pide a integrantes manejar adecuadamente información de expedientes a fin de avanzar y responder a la ciudadanía

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de abril de 2016 (Noticias México).- El diputado Rafael Hernández Soriano expuso que la Subcomisión de Examen Previo, que revisará  desde la Cámara de DiputadoS las más de 300 solicitudes de juicio político contra funcionarios, deberá despejar dudas sobre la impunidad de los servidores públicos, por lo que los trabajos deben realizarse frente a la prensa y en transmisión directa por el Canal del Congreso.

Esto, ya que diputados priistas que integran la Subcomisión han insistido en que las reuniones de trabajo deben ser a puerta cerrada, como sucedió en la instalación de la misma la semana pasada, denunció el diputado de la fracción del PRD.

Por lo que exhortó a los integrantes de la Subcomisión, a ser responsables en la labor que realizarán y manejar adecuadamente la información de los expedientes, con la finalidad de avanzar y dar respuesta de acuerdo a la ley en cada caso.

Luego de la instalación de la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político en el Palacio Legislativo de San Lázaro el jueves de la semana pasada, Hernández Soriano expuso que entre otras funciones la Cámara de Diputados está obligada a informar a los ciudadanos –luego de investigaciones a fondo– sobre infracciones de carácter político cometidas por servidores públicos.

En entrevista, el diputado por el distrito 11 en la capital del país, precisó que en los trabajos de la Subcomisión para los siguientes días, solo dará trámite a las solicitudes de juicio político que tengan sustento en la ley; el resto será desestimado.

Cabe mencionar que la Subcomisión de Examen Previo está  presidida por el PRI, e integrada por seis legisladores del tricolor; tres del PAN; dos del PRD y uno por cada partido: PVEM, MC y Morena y tiene la responsabilidad de revisar y analizar las más de 340 solicitudes de juicio político en contra de gobernadores, ex mandatarios estatales, ex secretarios de estado y otros funcionarios de administraciones del PRI, PAN y PRD.

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