Elizabeth Gutiérrez Martínez
El activista indígena Joaquín Galván denunció que Hugo Aguilar, actual responsable jurídico del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) y aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentó encubrir casos de acoso sexual contra mujeres indígenas mediante sobornos.
La carrera de Hugo Aguilar hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ve manchada por una denuncia pública de enorme gravedad. Según el activista indígena Joaquín Galván, el hoy aspirante a ministro del máximo tribunal utilizó su posición como jefe del área jurídica del INPI para encubrir a funcionarios implicados en acoso sexual contra mujeres indígenas.
En una publicación hecha desde su cuenta oficial de X (@quinomixe), Galván relata cómo su compañera Sandra Domínguez fue víctima de represalias después de denunciar la participación de funcionarios del INPI en chats de contenido sexual explícito y misógino en los que se violentaba a mujeres indígenas.
De acuerdo con el testimonio, Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados, Cristian Mahatma, para ofrecerle a la denunciante un “cheque abierto” a cambio de guardar silencio. La víctima rechazó el soborno y exigió la destitución de Rolando Vázquez Pérez, señalado como uno de los principales implicados y actual jefe de plazas del INPI.
La posibilidad de que Hugo Aguilar acceda a un asiento en la Suprema Corte ha generado alarma entre organizaciones feministas, pueblos indígenas y defensoras de derechos humanos. No sólo por el intento de soborno y encubrimiento, sino porque su posible designación enviaría un mensaje devastador sobre el rumbo de la justicia en México.
Los señalamientos contra Hugo Aguilar no son menores: acoso, encubrimiento, corrupción y uso del aparato institucional para proteger a agresores. Que una figura con este historial aspire —y potencialmente acceda— a la Suprema Corte, pone en entredicho la promesa de una justicia transformadora.
La sociedad mexicana, en particular los pueblos indígenas, merecen algo más que simulación. Merecen justicia real.
¿Será la Suprema Corte un tribunal para las víctimas o un refugio para los encubridores?
