En un discurso en el que no se anduvo por las ramas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que “el 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México; la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.
Así comenzó su informe anual de actividades 2016, frente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos.
Aunque no dio nombres, siguió: “Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.
El ombudsman consideró que por “ineficiencias burocráticas” o por “insolvencia ética” de los servidores públicos, esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que “el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares”.
Primero, ley de tortura y desaparición forzada
En un discurso duro, González Pérez se fue directo contra la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, pues dijo que regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad “no es lo más deseable” ya que no resuelve la violencia en el país.
Por el contrario, dijo que en vez de regular la labor de los militares, se debe promulgar una ley contra la tortura y desaparición.
“Los problemas de inseguridad y justicia deben verse bajo una óptica integral”, ya que “enfoques parciales sólo producirán soluciones parciales que no resolverán los problemas de fondo”, dijo.
Aseguró que la existencia de un marco normativo que regule las tareas de seguridad de las personas que realizan las fuerzas armadas desde hace más 10 años, no implican por sí mismas la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia
Y fue directo: “La participación de fuerzas armadas en actividades vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”.
Según el presidente de la CNDH, dicha Ley requiere un debate amplio con expertos y víctimas que analicen su viabilidad, pues la seguridad de las personas debe de estar a cargo de instituciones civiles.
No obstante, adelantó el camino al decir que las Fuerzas Armadas deben volver a sus funciones propias “cuando las condiciones del país así los permitan”, pero bajo un programa “gradual y verificable”. Su labor en materia de seguridad con la población civil, dijo, “no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea”.
En lugar de regular la labor de los militares, agregó González Perez, el gobierno mexicano debe centrarse en el combate a la corrupción, replantear el sistema penitenciario, dar un carácter preventivo al tema de la seguridad, promulgar una ley contra la tortura y desaparición.
“Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos la sociedad, si con el mismo interés y empeño que con que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsasen los procesos relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU y se elaborase una ley sobre el desplazamiento forzoso interno”, sustuvo.
