Diputada Guillén será denunciada ante SCJN por bloquear revisión de juicios políticos
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de agosto de 2016 (Noticias México).- El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, anunció que antes del próximo periodo ordinario de sesiones presentará denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de responsabilidades constitucionales y legales contra los diputados presidentes de la Subcomisión de Examen Previo, responsable de atender las solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra Hinojosa.
Lo anterior, por inactividad de la Subcomisión de Examen Previo” que no puede sesionar si los presidentes en turno, ambos diputados del PRI, no convocan a reunión, no obstante la solicitud de los integrantes de la Subcomisión avanzar con los análisis correspondientes, y determinar en qué casos proceden los juicios políticos en contra de al menos 300 servidores públicos.
El diputado oriundo de la Ciudad de México, Hernández Soriano denunció que los diputados Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra Hinojosa, presidentes –a la vez– de las comisiones de Gobernación y Justicia, respectivamente, han bloqueado el seguimiento de las solicitudes de juicio político que han llegado a la Cámara baja, porque tienen la instrucción de la bancada priista de retardar los trabajos, en espera de que prescriban muchos de los casos; ya que como lo marca la ley, a un año de inacción en la función pública, prescriben los delitos de servidores públicos.
“Tenemos que hacer que la subcomisión responda, por mandato de la Suprema Corte de Justicia, a la pregunta por qué no sesiona para estudiar y darle seguimiento a las peticiones de más de 300 ciudadanos para enjuiciar políticamente a diversos funcionarios y exfuncionarios”, subrayó el perredista.
Con la denuncia, también se pretende que la SCJN resuelva si está vigente o no, el derecho de los ciudadanos a que se revise de fondo cualquiera de los juicios, hayan sido presentados este año o desde 2003, fecha desde la que la Cámara de Diputados tiene registro de los cientos de solicitudes de juicios.
El secretario de la Comisión de Gobernación explicó que, ante la omisión de la Cámara de Diputados, pasando un año de las acusaciones, gobernadores como Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo y exgobernadores como Humberto Moreira, de Coahuila (todos del PRI), quienes han sido acusados como responsables de causar daño al erario público, podrán pasear por todo el país, libres de cualquier señalamiento.
“Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas está hecha para proteger a malos funcionarios porque dice que si la Cámara de Diputados no hace alguna imputación administrativa o penal, los delitos prescriben; pueden andar ‘como Juan por su casa’, independientemente de si cometieron o no algún delito”, precisó.
En la interpretación de Hernández Soriano, “la acción de la justicia comienza a partir de la solicitud del ciudadano”, pues subrayó que la Suprema Corte y las leyes en general, deben proteger a los ciudadanos ante el abuso del poder, por lo que es necesario modificar la legislación al respecto o en su caso, esperar la interpretación que el máximo órgano de justicia haga de la denuncia que presentará.
“Recientemente, un ciudadano pidió a la Corte que interviniera por la inacción de la Cámara de Diputados y esta pidió al Congreso que le diga si está o no haciendo lo que la ley le mandata. La solicitud del ciudadano obligó a que el PRI instalara la subcomisión hace algunos meses, pero no ha sesionado”, detalló el diputado por la Ciudad de México y subrayó que los legisladores priistas deben explicar a la opinión pública por qué consideran irrelevante el trabajo de la subcomisión y agregó que “están utilizando su mayoría legislativa como un muro de impunidad”.
Entre los cientos de solicitudes de juicio político pendientes, se encuentran varias en contra de expresidentes de la República, secretarios de Estado, ministros de la SCJN, legisladores federales y locales e incluso, contra funcionarios municipales.
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