Ciudad de México, 20 de mayo 2015 (Circulo Digital).- El Consejo General del INE acordó solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las últimas tres declaraciones anuales de impuestos de los candidatos, para que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga elementos suficientes para conocer su capacidad económica.
En sesión extraordinaria, el consejero Benito Nacif explicó la necesidad de conocer la capacidad económica de los candidatos independientes y postulados por partidos políticos que participan en los procesos electorales federal y locales, pues de otro modo existe la posibilidad de imponer una sanción desproporcionada.
En el proyecto se propone una diversidad de fuentes de información que permitirían a la autoridad contar con una base imparcial y para determinar la capacidad económica de los candidatos.
Entre esas medidas destaca que la Unidad Técnica de Fiscalización se allegue de información mediante una solicitud al SAT, de las tres últimas declaraciones anuales de impuestos, señaló.
Además, se plantea solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de los candidatos.
Más aún, se solicitará al candidato que aporte voluntariamente los elementos y documentos que permitan a la Unidad Técnica de Fiscalización conocer su capacidad económica.
Nacif agregó que la autoridad resguardará la información proporcionada, asegurándose de que se utilice exclusivamente para efecto de imposición de sanciones y se proteja la privacidad de los datos personales y confidenciales.
Resaltó que para que la autoridad actúe con justicia se requiere que estas sanciones sean proporcionales a la falta cometida y a la capacidad de los sujetos involucrados.
Durante la discusión del proyecto, que fue aprobado por unanimidad, el consejero Ciro Murayama dijo estar de acuerdo con él, porque esta autoridad se ha enfrentado a la dificultad de aplicar sanciones por la incapacidad económica de los individuos a sancionar.
Lo anterior, dijo, nos ha llevado a emitir distintas sanciones para la misma infracción.
A su vez, la consejera Pamela San Martín dijo que en la propuesta de allegarse información de los candidatos independientes a través de las asociaciones civiles, como lo propone el proyecto, no es posible, porque éstas fueron creadas para administrar sus recursos.
Esas asociaciones civiles no deben formar parte de los elementos para conocer la capacidad económica de los aspirantes a un cargo de elección popular.
En tanto, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que el proyecto incluya el compromiso de la autoridad responsable de preservar la confidencialidad de la información solicitada en tanto no se necesite.
El representante del Partido Acción Nacional, Francisco Gárate, señaló que la preocupación de proteger ésta es entendible, la duda es cuáles son los mecanismos que se utilizarán para que la información mantenga su confidencialidad.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez, celebró que el acuerdo este resolviendo problemas, como por ejemplo, solicitar información fidedigna de las autoridades hacendarias y bancarias sobre la situación económica de los candidatos.
Ésto, señaló, es un avance grande que va a tener mucha trascendencia, pues los candidatos van a ser revisados en serio.
El citado proyecto recuerda que el nuevo modelo de fiscalización definido por la reforma político electoral de 2014 redujo de manera importante los plazos en los que la autoridad electoral deberá auditar y validar las operaciones de ingresos y egresos que lleven a cabo los candidatos durante sus campañas electorales.
Por ese motivo es importante que la Unidad Técnica de Fiscalización cuente con información suficiente y oportuna que permita determinar la capacidad económica de los sujetos obligados, para que, en su caso, les imponga sanciones proporcionales por infracciones eventuales en materia de fiscalización. (Notimex)
