Michoacán se sumó a la campaña “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, con reuniones informativas para madres y padres de familia sobre los efectos de los dispositivos en el aprendizaje. La imagen es entrañable: un patio lleno de trompos, rondas y conversaciones sin pantallas de por medio. Pero una política pública se mide por su capacidad de garantizar derechos. ¿Puede apagarse la pantalla en un sistema educativo que, en buena parte de sus aulas, nunca ha tenido la luz encendida?
El Acuerdo 09/09/26 de la SEP restringe el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, recreo incluido, de educación inicial a secundaria, en escuelas públicas y particulares. No prohíbe portarlos: el decálogo orienta a dejarlos en casa o mantenerlos guardados. Admite excepciones para actividades pedagógicas programadas con orientación docente, emergencias, discapacidad, accesibilidad, inclusión y salud.
Como sustento, la SEP citó una consulta de agosto con 565 mil 396 figuras educativas, el 45.9 por ciento de los docentes del país, de las cuales 79.7 por ciento observó dificultades de atención y 78.7 por ciento problemas para recordar información. El enfoque declarado es formativo, preventivo y de corresponsabilidad, sin regaños ni castigos; la SEP descartó sanciones.
La intención es legítima y el problema es real. Según esa misma consulta, 38.7 por ciento de las figuras educativas reportó conflictos iniciados en redes sociales que continuaron dentro de las escuelas, 33.2 por ciento la difusión de fotos, audios y videos sin consentimiento y 29 por ciento situaciones de ciberacoso. Recuperar el recreo como espacio de juego y conversación es una causa que cualquier defensor del derecho a aprender debería abrazar y según la UNESCO más de la mitad de los sistemas educativos del mundo ya los restringe. La discusión, por tanto, no es si debe regularse, sino cómo, con qué evidencia, con qué recursos y a costa de quién.
La primera deficiencia es que la política nace de percepciones y no de evidencia. La consulta escuchó a docentes, no a estudiantes ni a familias, ni midió aprendizajes ni demuestra causalidad. Participó menos la secundaria, con 39.2 por ciento de sus docentes, justo donde el teléfono tiene mayor presencia: lo lleva a la escuela 84.1 por ciento de los estudiantes de secundaria, 24.8 por ciento de primaria y 4.6 por ciento de preescolar. Aun así, el Acuerdo impone la misma restricción de preescolar a secundaria, pese a que 94.7 por ciento de los consultados respaldó reglas diferenciadas por edad y a que sólo 56.3 por ciento apoyó impedir por completo el acceso. La evidencia internacional, además, es desigual: la propia UNESCO reconoce que no hay pruebas concluyentes de que prohibir mejore directamente el rendimiento; un análisis con microdatos de PISA halló asociaciones positivas de entre 0.09 y 0.1 desviaciones estándar sólo donde las reglas se aplican de manera consistente, y esa asociación desaparece en nueve países latinoamericanos. Restringir reduce el tiempo de pantalla; no garantiza que se aprenda más. Y el Acuerdo no fija línea base ni indicadores: prevé revisiones semestrales sin precisar qué se medirá, quién recopilará los datos ni dónde se publicarán.
La segunda deficiencia es que es una norma sin dientes. No autoriza a retener los dispositivos, no establece quién los resguarda ni quién responde por su pérdida o daño. Deja a cada plantel resolver cómo avisar a las familias en una emergencia. ¿Qué hace un docente cuando un adolescente se niega a guardar el teléfono? Especialistas ya advierten el riesgo de simulación, con aparatos usados a escondidas. La experiencia de otros países enseña que la implementación pesa más que el decreto: en Brasil, 45 por ciento de las escuelas públicas reportó problemas para organizar el resguardo, frente a 18 por ciento de las privadas, y en Chile los docentes reclamaron la falta de presupuesto, capacitación y protocolos. En Michoacán se suma una imprecisión: el comunicado de la SEE afirma que el uso está “prohibido”, cuando el Acuerdo no prohíbe. En derechos humanos, la ambigüedad nunca es neutra: se traduce en arbitrariedad en la puerta de la escuela, con mochilas revisadas, aparatos decomisados sin regla y familias sin forma de reclamar.
La tercera deficiencia es la más grave desde la óptica de la equidad: apagar pantallas sin garantizar alternativas puede ensanchar la desigualdad. Sólo 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica cuenta con computadoras e internet para enseñar; 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes carecen de otro dispositivo para hacer tareas y, para 56.3 por ciento de los usuarios de celular de seis a 17 años, ese teléfono es su única herramienta tecnológica. En los hogares de menores ingresos 73.1 por ciento depende exclusivamente del celular; en los de ingresos altos, 11.2 por ciento. El artículo 84 de la Ley General de Educación manda usar las tecnologías digitales para cerrar desigualdades, no para profundizarlas. A ello se agrega un vacío formativo: sólo 26.2 por ciento de los usuarios de 12 a 14 años declara tener habilidades para proteger su privacidad y evaluar la información que consulta, cerca de siete de cada diez menores ya usan redes sociales a los 12 años y el decálogo para básica omite la evaluación crítica de la información. Apagar no es educar.
La cuarta es de método y de derechos: se habla de la niñez, pero no con la niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en los asuntos que les afectan. Una política que modifica su recreo, su comunicación con la familia y su relación con la tecnología los excluyó de la consulta. Las reuniones informativas de la SEE son un paso, pero informar no es consultar ni convencer: 41 por ciento de las figuras educativas pidió acuerdos de corresponsabilidad con las familias y 51.6 por ciento, protocolos para prevenir y atender riesgos digitales. Una reunión donde se explica la restricción no sustituye un acuerdo escolar construido con estudiantes, madres, padres y maestros.
Todo esto cobra otra dimensión en Michoacán, donde se atiende a 1 millón 240 mil estudiantes en 12 mil 894 escuelas, de las cuales dos de cada tres carecen de servicios básicos y conectividad completos. Sólo 3 mil 893 planteles cuentan con internet gratuito; 63 por ciento de los hogares michoacanos no tiene computadora y, apenas 56.9 por ciento tenía internet, entre las cuatro entidades más rezagadas del país. Hay mil 283 escuelas comunitarias y mil 94 indígenas donde el teléfono de la maestra o del alumno puede ser la única ventana al mundo digital y, en decenas de municipios, la señal es deficiente incluso para llamar. Restringir un recurso escaso sin sustituirlo puede significar quitarle a quien menos tiene.
Más aún: ¿es el celular la principal amenaza al aprendizaje en Michoacán? Un niño que no está en el aula no se distrae con el celular: está ausente. Se trata de jerarquizar prioridades. Quien no garantiza los 185 días de clases corre el riesgo de que una campaña amable ocupe el lugar de la política difícil. Y en la antesala del proceso electoral de 2027, que renovará la gubernatura, los lemas son baratos y las evaluaciones caras.
Si seguimos así, habrá simulación: teléfonos escondidos y maestros convertidos en policías de mochilas. Habrá brecha: las escuelas privadas resolverán con casilleros y tecnología propia; las públicas, con voluntarismo. Habrá riesgos trasladados, no eliminados, porque el ciberacoso, el contacto con contenidos violentos o la exposición a engaños que acechan a los adolescentes no desaparecen al sonar la campana; sólo ocurren sin acompañamiento adulto, en casa y de noche.
Los gobiernos estatales tienen hasta el 2 de mayo de 2027 para emitir o armonizar sus instrumentos con el Acuerdo; esa ventana debe usarse bien. Se propone una consulta estatal que incluya a estudiantes, madres, padres y docentes, con reglas diferenciadas por nivel; protocolos de resguardo y responsabilidad por escrito, con lugares seguros para guardar los aparatos, una línea escolar para comunicar emergencias a las familias y reglas claras sobre pérdida y daño, para que ningún docente quede aislado; conectividad antes que restricción: un plan focalizado de electricidad e internet fijo en las escuelas comunitarias e indígenas, y recursos pedagógicos alternativos donde hoy el teléfono es el único medio; también, alfabetización digital y formación docente, con privacidad, evaluación crítica de la información y prevención de riesgos en línea, todo con línea base y evaluación pública: un tablero con datos por Clave de Centro de Trabajo, municipio y nivel de marginación, una medición a los seis y 12 meses con voz de estudiantes y familias y el compromiso de publicar los resultados de aprendizaje, convivencia y ciberacoso; así también, inyectar presupuesto para el recreo: bibliotecas, materiales de juego, deporte, arte y música, porque no basta con quitar el teléfono si no hay qué poner en su lugar. Y el congreso local, debe de integrar la regulación de dispositivos digitales en la nueva Ley de Educación del Estado con indicadores y presupuesto.
Con evidencia, protocolos, conectividad y la voz de las infancias, la campaña puede convertirse en patios donde se vuelva a jugar, bibliotecas abiertas, adolescentes que usen la tecnología con criterio y maestros respaldados. Apaguemos la pantalla, sí, pero para encender los derechos. ¡Merecemos una escuela donde se aprenda a imaginar, a conectar y a ser libres!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
