El pasado 7 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Informe del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 que anualmente se realiza para evaluar las condiciones y situaciones específicas en las que operan los centros penitenciarios de nuestro país. Las 1 mil 067 páginas que integran el documento presentan una radiografía del estado actual que guarda la reinserción social a nivel nacional y enfatiza la “persistencia de factores estructurales que inciden en la vulneración de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios…(destacando) problemáticas como la sobrepoblación, el hacinamiento y la presencia de fenómenos de autogobierno o cogobierno, los cuales impactan directamente en las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos, el contacto con el exterior, la seguridad y las posibilidades efectivas de reinserción social de las personas privadas de la libertad”.
Conforme con la información estadística incluida en el DNSP, página 786 y subsecuentes, la Tercera Visitaduría general de la CNDH reporta 280 centros de reclusión en todo el país: 263 estatales, 11 de los cuales corresponden a Michoacán; 14 federales; y 3 militares. En su conjunto, tienen una capacidad instalada para recibir a 226 mil 739 reclusos, aunque la ocupación efectiva registrada es de 256 mil 127 personas, lo cual significa una sobrepoblación del 12.96%; distribuidas por género, 240 mil 278 personas son hombres y 15 mil 849 son mujeres. Los Estados donde se registra mayor sobrepoblación son Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
En su clasificación por fuero y situación jurídica, 225 mil 507 son del fuero común, 36.03% procesadas y 52.01% sentenciadas; mientras que del fuero federal son 30 mil 620 personas, 5.47% procesadas y 6.49% sentenciadas. En específico, sobre el tema de prisión preventiva oficiosa, el Informe indica que en esta condición hay 45 mil 253 personas, reconociendo explícitamente que esta condición frecuentemente se extiende en forma excesiva. Entre las conductas delictivas cometidas por las personas recluidas en centros estatales se encuentran: robo 61 mil 586; homicidio 46 mil 571; violación 22 mil 235; delitos contra la salud 20 mil 663; secuestro 20 mil; portación o uso de armas exclusivas del ejército 14 mil 729; abuso sexual 7 mil 904; violencia familiar 7 mil 101; feminicidio 5 mil 936 y varias conductas delictuosas más.
Otro aspecto relevante del Informe corresponde con las calificaciones otorgadas a los centros penitenciarios. Habiendo visitado 278 se detectaron problemáticas diversas: así, en el 99% hay una inadecuada clasificación de las personas internas, pues no están separadas entre las que cometieron delitos graves y delitos menores; no hay suficiente personal de seguridad en el 92%; también se reportaron 990 incidentes, entre otros, 101 suicidios, 55 homicidios, 11 fugas y 3 motines. En escala de 0 a 10, 4 centros de BCS obtuvieron 4.37 de calificación, Nayarit con 4.38, Hidalgo 4.50 y BC con 4.94; a la inversa, los de Nuevo León obtuvieron 7.02, Guanajuato con 6.80 y Colima con 6.70, se reportan como los mejor evaluados. Los aspectos calificados tienen que ver con cuestiones psicológicas y físicas de las personas internas; con las garantías para una estancia digna; con las condiciones de gobernabilidad interna; con las condiciones de personas vulnerables; y con las posibilidades de una reinserción social adecuada (páginas 39 y siguientes).
La realización de un Diagnóstico de estas características permite que nuestra sociedad evalúe, a partir de datos objetivos, el funcionamiento del sistema carcelario, de nuestro sistema de justicia, las condiciones de reclusión de los reos y, en los casos correspondientes, de los niños que viven con madres recluidas, así como de familiares que visitan los centros penitenciarios. Los hallazgos permiten definir políticas públicas y presupuestos adecuados para el funcionamiento del sistema carcelario, además de detectar las condiciones que se requieran para garantizar los derechos humanos de los reclusos y definir las mejores medidas para su adecuada reinserción social. Garantizar que los centros de reclusión funcionen adecuadamente es una obligación del Estado mexicano.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
