Dentro de mi trabajo con abogados tengo el honor de colaborar con algunos de los mejores bufetes, asociaciones de abogados, notarios y profesionales del derecho en el país. Con el equipo multidisciplinario con el que colaboro realizamos evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, peritajes especializados y acompañamiento clínico en casos complejos.
Sin embargo, existe un tema del que se habla poco y que está generando consecuencias profundas dentro de los tribunales, juzgados y despachos jurídicos: el trauma silencioso que viven quienes trabajan impartiendo la justicia.
Son distintos los procesos psicológicos que experimentan las personas que laboran en este ámbito. Van desde el burnout y el agotamiento profesional extremo hasta el trauma secundario, la fatiga por compasión y el desgaste emocional acumulativo. Hablamos de abogados litigantes, ministerios públicos, jueces, defensores públicos, asesores jurídicos, actuarios y personal administrativo que diariamente tienen contacto con historias de violencia, homicidios, abuso infantil, desapariciones, accidentes, delitos patrimoniales, violencia familiar y conflictos humanos de enorme intensidad.
El problema es que la exposición constante al sufrimiento termina dejando huellas. Muchas veces el profesional ya no identifica cuándo dejó de ser estrés laboral para convertirse en un problema de salud mental. La irritabilidad se normaliza. Los conflictos familiares se normalizan. El abuso de alcohol o medicamentos se normaliza. Y cuando todo eso se vuelve cotidiano, el deterioro suele ser mucho más profundo de lo que parece.
En México se discute muy poco el impacto psicológico de trabajar diariamente con la tragedia humana. Cuando hablamos de políticas reales de salud mental para operadores del sistema de justicia seguimos estando reprobados.
Diversos estudios nacionales han documentado niveles elevados de burnout en personal judicial. También se han identificado importantes carencias en acceso a atención psicológica especializada, particularmente aquella que garantice confidencialidad, independencia institucional y seguimiento clínico adecuado.
El agotamiento de los profesionales legales no solamente afecta a quien lo padece. Afecta la calidad de las decisiones, la atención a los clientes, la productividad de los equipos, la convivencia familiar y la calidad de la justicia que reciben miles de ciudadanos.
Cuando un abogado está emocionalmente exhausto aumenta el riesgo de cometer errores, presentar dificultades de concentración, desarrollar conductas adictivas o entrar en cuadros de ansiedad y depresión. Nadie debería considerar esto una señal de debilidad. Es una consecuencia humana de estar sometido de manera constante a escenarios de alta presión.
Existe además otro fenómeno que merece atención: el trauma vicario. Después de escuchar durante años historias de violencia extrema, algunas personas comienzan a modificar su percepción del mundo. Muchas terminan llevando a casa los casos que atienden durante el día y sus familias terminan pagando una parte importante del costo emocional de esa carga.
Mientras las evaluaciones psicológicas laborales se sigan utilizando como instrumentos de control institucional y no como herramientas de prevención, crecimiento y cuidado clínico, muchas personas continuarán ocultando deliberadamente síntomas de ansiedad, depresión o adicciones por miedo a perder oportunidades profesionales.
También hemos detectado una cultura del silencio profundamente arraigada.
